TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A solo cuatro días del vencimiento del actual Memorando de Entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Honduras solicitó una nueva prórroga para continuar las negociaciones en torno a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
La solicitud fue confirmada por el canciller Javier Bú Soto, quien informó que la nota oficial fue enviada el miércoles 11 de junio al subsecretario general de la ONU, Miroslav Jenča, a través del Departamento de Asuntos Políticos del organismo.
El documento plantea una extensión del memorando hasta el 15 de diciembre de 2025, lo que representaría la quinta prórroga desde que el acuerdo fue suscrito el 15 de diciembre de 2022.
La instalación de la CICIH fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, y aunque el gobierno ha insistido en que el proceso sigue avanzando, la repetida necesidad de extender el memorando —ya prorrogado en junio y diciembre de 2023, así como en junio y diciembre de 2024— ha generado creciente preocupación sobre la voluntad política real para concretar este mecanismo internacional.
En la carta enviada a la ONU, el gobierno reconoce que aún están pendientes reformas legales clave requeridas por el grupo de expertos del organismo internacional, incluyendo:
- Reformas al Código Procesal Penal para permitir la figura del querellante autónomo.
- Modificación de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para eliminar los efectos del Decreto 117-2019 que otorga inmunidad parlamentaria.
- Interpretación del término “más altos funcionarios” según la Constitución, relacionada con la competencia de la Corte Suprema.
- Reforma a la Ley de Municipalidades, en lo relativo a las responsabilidades de alcaldes y regidores.
Estas reformas, según el texto oficial, todavía se encuentran en discusión en el Congreso Nacional, sin garantías claras de su aprobación antes de la nueva fecha solicitada.
Un proceso marcado por dilaciones
A pesar del discurso oficial que mantiene la CICIH como una “prioridad del gobierno”, las continuas dilaciones legislativas y políticas han puesto en duda el verdadero compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción estructural en el país.
Organizaciones de sociedad civil, analistas y sectores críticos han señalado que la falta de avances concretos y la persistencia de actores con intereses en mantener el statu quo dentro del Congreso podrían estar saboteando, en la práctica, el objetivo de instalar una comisión independiente y con amplias facultades.
El gobierno afirma que desea un mecanismo “con autonomía y capacidad de coadyuvar con las instancias fiscales y judiciales”, pero los hechos muestran una clara desconexión entre el discurso oficial y los resultados obtenidos tras más de dos años de negociaciones.
Con esta nueva solicitud de ampliación, la ciudadanía hondureña queda nuevamente a la espera de que se cumpla una promesa largamente postergada, mientras la corrupción continúa minando la institucionalidad y la confianza pública.
