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martes, septiembre 9, 2025
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Hondureños con TPS, entre la incertidumbre y las promesas oficiales

  • El director del INM asegura que no habrá deportaciones masivas, pero la falta de una política seria mantiene a 55 mil familias en zozobra y a merced de decisiones judiciales en EE.UU.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz Reyes, afirmó este lunes que los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos no deberían enfrentar deportaciones masivas, pese a la cancelación oficial del programa el pasado 8 de septiembre.

Según el funcionario, los más de 55 mil tepesianos han demostrado durante dos décadas una vida disciplinada y un aporte económico sustancial a la sociedad estadounidense.

“Son personas que cada 18 meses se sometían a revisión y que han tenido una conducta ejemplar. Más bien han contribuido a la construcción de Estados Unidos como una nación poderosa y potente”, dijo Paz.

El director del INM recordó que el próximo 18 de noviembre la Corte del Noveno Circuito de California celebrará una audiencia clave que definirá el futuro migratorio de los hondureños amparados al programa.

Mientras tanto, aseguró que los 19 consulados de Honduras en EE.UU. mantienen sus puertas abiertas para atender a los compatriotas en trámites y procesos legales.

Además, destacó que el canciller hondureño se reunió con la Alianza Nacional TPS, organización que ha liderado las batallas legales en defensa de los beneficiarios, para garantizar respaldo y recursos.

Sin embargo, más allá de los discursos oficiales, la realidad para decenas de miles de familias es una incertidumbre permanente.

Cada nuevo anuncio revive el temor a la deportación, mientras en Honduras persisten las mismas condiciones de violencia, pobreza y falta de oportunidades que dieron origen al éxodo migratorio.

Lo cierto es que los tepesianos no dependen del gobierno hondureño, sino de decisiones judiciales en EE. UU., y aunque Tegucigalpa asegura “acompañamiento”, la historia demuestra lo contrario: Honduras nunca ha tenido una política de Estado sólida para defender a su diáspora.

Lo que se ofrece son comunicados y promesas pasajeras, mientras miles de familias viven con el corazón en vilo, esperando que una corte extranjera defina un futuro que su propio país les ha negado.

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