TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La extorsión sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta el país en materia de seguridad.
Alrededor de 206 mil hogares hondureños han sido víctimas de extorsión en 2022, de acuerdo a un estudio presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“Hemos descubierto que anualmente, la extorsión se lleva aproximadamente 18 mil millones de lempiras solo en cobros, eso representa casi el 3 % del PIB”, dijo el director de seguridad y justicia de ASJ, Nelson Castañeda.
Asimismo, consideró que el sector más desprotegido ante la extorsión es el comercio informal como las pequeñas y medianas empresas.
Castañeda expuso que los departamentos donde se concentran los mayores casos procesados y denuncias son Francisco Morazán y Cortés.
De igual manera, el director de seguridad y justicia de ASJ lamentó que el 99 % de los casos de extorsión no son denunciados.
El estudio:“Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras” recoge datos obtenidos a través de solicitudes de información remitidas al Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS); entrevistas, una encuesta realizada a nivel nacional y herramientas de recopilación de información de expedientes judiciales, comprendidos entre noviembre de 2021 y abril de 2022, evaluando principalmente la gestión del gobierno anterior y de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP).
El documento indica que 847,154 niños, niñas, jóvenes y adultos han sido impactados por la extorsión en Honduras durante este año. Sin embargo, este número podría ser aún más alto debido a nuevas tendencias en el delito.
Y es que, a pesar del incremento en denuncias, se estima que 99 % de los casos de extorsión nunca son informados a las autoridades. Según datos del Ministerio Público (MP), dos de cada tres víctimas que interponen una denuncia son hombres y la mitad tienen entre 30 y 50 años; mientras la mayoría de personas procesadas por el delito (85.8 %) son hombres entre 18 y 28 años.
Cabe señalar que 96 % de los imputados tenían una supuesta afiliación con estructuras del crimen organizado; no obstante, también se registraron casos de exempleados públicos, imitadores y personas confabuladas u obligadas a involucrarse en el proceso de extorsión. Con respecto al monto pagado en extorsiones, se estiman alrededor de L 18 mil millones al año, un aproximado de L 87,427 por víctima.
A pesar de los esfuerzos estatales, la extorsión persiste y evoluciona. Mientras que El Salvador y Guatemala se han reducido los niveles de este flagelo, Honduras no ha seguido esta tendencia y en la encuesta más reciente presentó la tasa más alta de extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica. Además, nuevos tipos de extorsionadores surgen, emplean esquemas no tradicionales y dificultan la investigación criminal.
Por ello, la ASJ sugiere crear un plan de solución a largo plazo, uniendo a todos los sectores relevantes y con esfuerzos integrales y sostenibles que ataquen el problema desde sus raíces; así como crear un grupo de trabajo encargado de diseñar y monitorear una estrategia integral, diversificar y fortalecer las capacidades para la investigación de la extorsión, entre otras recomendaciones.
El estudio “Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras” está disponible en www.asjhonduras.com.
