- Johel Zelaya anunció el inicio de una investigación sobre grabaciones entregadas a la Fiscalía y que involucrarían a una funcionaria electoral, un congresista y un militar activo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de una creciente tensión política y a solo semanas de las elecciones generales, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, compareció este miércoles para difundir una serie de audios que, según él, están vinculados con la denuncia presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
De acuerdo con Zelaya, las grabaciones revelarían la existencia de una presunta asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo, quienes supuestamente habrían sostenido conversaciones con el propósito de alterar la voluntad popular en el nivel presidencial de los comicios del próximo 30 de noviembre.
“El Ministerio Público comunica al pueblo hondureño el inicio de una fuerte investigación sobre las grabaciones junto a una denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa”, afirmó el Fiscal durante su comparecencia.
La Fiscalía se suma al ambiente de tensión electoral
La presentación de los audios ocurre en medio de una escalada de denuncias y enfrentamientos entre instituciones, tras la polémica resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenó la inscripción de las candidaturas de Jorge Cálix y Cristian Villalobos.
En ese contexto, la aparición del Fiscal General fue interpretada por diversos sectores como un nuevo episodio dentro de la disputa política que atraviesa el proceso electoral hondureño.
Zelaya aseguró que las grabaciones “demuestran plenamente” la conformación de un grupo que buscaba “alterar la estabilidad política y los resultados electorales”.
“Las grabaciones demuestran plenamente una asociación ilícita entre una consejera propietaria, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo para alterar la voluntad popular”, declaró.
El Fiscal añadió que este tipo de actos podrían constituir “delito de traición a la patria”, sancionado con penas de 15 a 20 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena.
Audios bajo investigación y nombres señalados
Aunque el Ministerio Público no mencionó oficialmente los nombres de los implicados, trascendió que las voces en las grabaciones corresponderían a la consejera Cossette López, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar aún no identificado.
Zelaya informó que la Fiscalía iniciará un proceso técnico de investigación para garantizar la cadena de custodia de los audios, citar a los testigos y determinar la autenticidad de las grabaciones.
“El MP ejecutará las acciones investigativas en coordinación técnica para garantizar transparencia y legalidad”, aseguró.
Denuncias cruzadas y clima de desconfianza
La denuncia de Ochoa, ahora respaldada públicamente por la Fiscalía, ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del ámbito político. Dirigentes opositores cuestionaron que el Ministerio Público haya decidido difundir información no verificada en un contexto preelectoral tan delicado, señalando que ello podría alimentar la polarización y debilitar la confianza en el sistema electoral.
Mientras tanto, desde sectores cercanos al oficialismo se ha interpretado la actuación del Fiscal como una confirmación de las denuncias sobre conspiraciones políticas para alterar los resultados del proceso electoral.
Lo cierto es que el ambiente de incertidumbre crece, y cada nuevo pronunciamiento institucional profundiza la desconfianza ciudadana en las autoridades encargadas de garantizar la transparencia del voto.
Una institucionalidad al borde del colapso
La irrupción del Fiscal General en medio de esta crisis se suma a una cadena de episodios que han dejado en evidencia la fragilidad del equilibrio institucional en Honduras.
En las últimas semanas, magistrados del TJE denunciaron presiones políticas, mientras funcionarios del CNE han advertido de intentos de interferencia externa en las decisiones del órgano electoral.
Analistas consideran que, más allá del contenido de los audios, la forma y el momento en que fueron revelados parecen responder a una estrategia política que busca controlar el relato público en torno al proceso electoral.
“El país se encuentra atrapado en una disputa institucional donde la verdad parece ser lo de menos”, opinó un observador político consultado.
Con esta nueva intervención del Fiscal General, el tablero político hondureño se sacude una vez más.
Lejos de calmar las aguas, la divulgación de los audios parece avivar la confrontación y aumentar la desconfianza en vísperas de unas elecciones que se desarrollan bajo la sombra de la incertidumbre y la deslegitimación mutua entre poderes del Estado.
