La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este miércoles sobre la persistencia de la impunidad en casos de corrupción, los ataques a defensores de derechos humanos y la debilidad del Estado de derecho en Honduras, país que en 2025 vivió un proceso electoral empañado por denuncias de fraude, violencia e injerencia extranjera.
«Entre las preocupaciones persistentes sobre derechos humanos se incluyen la impunidad por corrupción, los ataques contra defensores de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, la pobreza generalizada y la debilidad del Estado de derecho», subrayó HRW en su informe global.
Señaló que las elecciones de 2025 estuvieron marcadas por denuncias de fraude, violencia que dejó al menos 13 muertos, presiones políticas sobre autoridades electorales y retrasos en el conteo de votos, que se prolongó un mes.
Intervención
HRW destacó la intervención del presidente de EE.UU., Donald Trump, en apoyo al ganador, Nasry ‘Tito’ Asfura, y la amenaza de retirar ayuda financiera al país, uno de los motivos que llevó a la entonces presidenta hondureña, Xiomara Castro, a calificar los comicios de «nulos».
Aunque las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) consideraron la jornada «pacífica», HRW advirtió que el retraso en los resultados preliminares «socavó la confianza» ciudadana y que existieron «salvaguardas inadecuadas» frente al financiamiento ilícito.
Corrupción e impunidad
La organización afirmó que la corrupción pública, la impunidad y la interferencia política en los procesos judiciales «socavan» el Estado de derecho de Honduras, país que en 2024 ocupó el puesto 154 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción.
A pesar de los esfuerzos por instaurar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el Parlamento mantiene leyes que limitan la rendición de cuentas, impiden sanciones a legisladores y otorgan amnistías a funcionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009) por hechos posteriores al golpe de Estado de 2009, añadió.
HRW también citó la renuncia en 2024 de Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta Castro, tras admitir reuniones con narcotraficantes en 2023, escándalo que derivó en la dimisión del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Un vídeo divulgado en septiembre de 2024 muestra a narcotraficantes hondureños negociando con Carlos Zelaya «aportes a la campaña presidencial de Castro en 2013».
Defensores de tierra y medioambiente, bajo amenaza en Honduras
La organización advirtió también que la pobreza, que afecta al 60,1 % de la población, y el acceso limitado a los servicios públicos comprometen «el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales» en Honduras, donde uno de cada cuatro niños menores de cinco años padece desnutrición crónica.
HRW denunció que los derechos colectivos sobre la tierra de pueblos indígenas y afrodescendientes «no se protegen adecuadamente», haciendo que sean «vulnerables al desplazamiento forzado».
Documentó además «amenazas y ataques persistentes» a defensores de la tierra y el medioambiente en Honduras, donde Global Witness reportó cinco asesinatos y una desaparición en 2024.
Destacó que, según la ONU, el pueblo garífuna (negro) sufre «discriminación y violaciones» a sus derechos sobre la tierra y que Honduras no ha cumplido plenamente tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a su favor.
Agregó que el Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de Honduras «sigue siendo ineficaz» debido a la falta de financiamiento y de personal.
La ONG resaltó que mujeres y niñas enfrentan «altos niveles de violencia y obstáculos» para acceder a justicia y a salud, con una tasa de feminicidios de 4,75 por cada 100.000 habitantes en 2024, entre las «más altas» de América Latina, mientras que personas LGBTI sufren violencia y discriminación en el país, donde está prohibido el matrimonio igualitario.
Con información de EFE
