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domingo, febrero 8, 2026

Hugo Noé Pino advierte: “La Ley de Justicia Tributaria se aprueba toda o no se aprueba nada”

  • El vicepresidente del Congreso Nacional asegura que la normativa será discutida en lo que resta de la legislatura, pese a que la oposición insiste en que no tiene los votos para ser aprobada.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirmó este lunes que la Ley de Justicia Tributaria deberá aprobarse en su conjunto y con todos sus elementos, descartando la posibilidad de aprobarla de forma parcial.

“No es que se aprueba una parte y otra no; se aprueba toda o no se aprueba nada”, expresó el legislador durante su participación en un foro televisivo.

Sus declaraciones responden a las versiones difundidas la semana pasada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que aseguró que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) les informó que la aprobación de esta normativa ya no era un requisito para superar la revisión técnica del organismo y acceder a un desembolso de más de 100 millones de dólares.

Según el Cohep, únicamente se necesitaba avanzar en leyes vinculadas al beneficiario final, la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de activos, exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

No obstante, Noé Pino desestimó esa versión y reiteró que en el Congreso Nacional la instrucción es clara: aprobar la Ley de Justicia Tributaria junto a las demás disposiciones enviadas por el Ejecutivo, que inicialmente remitió cuatro proyectos de ley separados, pero que finalmente fueron unificados en un solo cuerpo legal para su discusión.

Con una sonrisa, el vicepresidente del Legislativo aseguró que la normativa será aprobada antes de que finalice la actual legislatura, aunque reconoció que la oposición mantiene su rechazo y que, por ahora, no cuentan con los votos suficientes para su aprobación.

El debate en torno a esta ley ha generado un ambiente de confrontación entre el oficialismo, el sector empresarial y la oposición parlamentaria, que sostiene que la iniciativa podría afectar la inversión y la competitividad del país.

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