Migrantes aún cuestionan: ¿alivio real o simple resignación ante el castigo fiscal?
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El canciller de Honduras, Efraín Bú Soto, se atribuyó este jueves el mérito por la reducción del nuevo impuesto a las remesas aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte del plan fiscal impulsado por el expresidente Donald Trump y sectores republicanos.
La iniciativa originalmente planteaba un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde EE.UU., pero tras una modificación legislativa fue aprobado un gravamen del 1%, limitado exclusivamente a envíos en efectivo.
Según Bú Soto, este cambio fue resultado de una estrategia diplomática “en articulación con países aliados” y un “diálogo constructivo” con miembros del Congreso y del Senado estadounidense.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario aseguró que esta gestión reafirma el compromiso del gobierno hondureño con la defensa de los migrantes y el reconocimiento de sus aportes a la economía nacional.
“Tras un diálogo constructivo con el Congreso y Senado de EE.UU., se logró reducir dicha tasa al 1% y limitarla únicamente a pagos en efectivo. Esta gestión reafirma nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes en EE.UU. y la protección de sus aportes a nuestras economías”, escribió Bú Soto.
Honduras celebra, pero las críticas no se disipan
Aunque el gobierno hondureño presenta la reducción como una “victoria diplomática”, organizaciones de migrantes, analistas y defensores de derechos humanos advierten que el nuevo impuesto sigue representando un precedente negativo y una carga económica directa para miles de familias en América Latina.
En 2023, Estados Unidos envió más de 85,800 millones de dólares en remesas a distintos países, y Honduras recibió más de 9 mil millones, lo que representa casi el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Un impuesto, incluso del 1%, significa millones de dólares menos para hogares que dependen de ese ingreso.
“La cifra bajó, sí, pero el castigo quedó”, opinó un activista de la diáspora hondureña en Nueva York. “Nadie que defienda realmente a los migrantes debería celebrar la imposición de un gravamen a su esfuerzo”.
Un impuesto al esfuerzo privado
Diversas voces han señalado que las remesas no deberían ser objeto de impuestos, dado que son dinero privado, fruto del trabajo de personas que ya pagan impuestos en EE.UU. o que viven en condiciones de vulnerabilidad legal y económica.
“La reducción no es una victoria, es una resignación. El gobierno debió exigir que se retirara por completo la propuesta”, comentó un abogado migratorio consultado por este medio.
Además, el Congreso estadounidense mantiene otros proyectos en discusión que restringen beneficios fiscales y migratorios, lo que aumenta la preocupación sobre la política general hacia los migrantes.
Preocupación por lo que viene
El gobierno de Honduras asegura que continuará con las gestiones diplomáticas en defensa de la comunidad en el exterior.
Sin embargo, desde sectores críticos se exige una postura más firme y menos complaciente con políticas que afectan de forma directa a la principal fuente de divisas del país: su diáspora.
El impuesto aprobado aún debe pasar por el Senado estadounidense, donde podría enfrentar cambios o resistencia, pero el mensaje ya ha sido enviado: los migrantes están en la mira fiscal y política.
Mientras tanto, el gobierno hondureño celebra una rebaja que, para muchos, sabe más a derrota maquillada que a conquista diplomática.
