TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un contundente balance de más de una década de trabajo, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló este sábado que apenas el 10% de los casos de corrupción presentados por el ente han sido judicializados, dejando en evidencia la grave inoperancia del sistema de justicia hondureño.
Desde 2014, el CNA ha entregado al menos 170 expedientes de corrupción ante el Ministerio Público y otros entes acusadores del Estado.
En esas investigaciones se han señalado a más de mil personas, incluyendo funcionarios de alto nivel y exservidores públicos de varias administraciones.
Sin embargo, solo una veintena de esos casos han llegado a tribunales.
“El 97 % de los casos quedan en la impunidad, pero es importante seguir trabajando y denunciando, indistintamente de si responde o no el operador de justicia”, lamentó Castellanos.
Entre los sectores más golpeados por estos actos ilícitos se encuentran salud, energía eléctrica y obras públicas, donde los perjuicios económicos al Estado han sido “graves y sistemáticos”.
La titular del CNA también denunció que la corrupción gubernamental opera con tal arraigo que muchos de los mismos actores “se mueven de institución en institución”, sin consecuencias legales.
En un contexto político ya tensionado por la cercanía de las elecciones generales, Castellanos también criticó una reciente propuesta legislativa del oficialismo que permitiría a un tercero reclamar el Documento Nacional de Identificación (DNI).
Según la directora del CNA, esta medida genera sospechas legítimas sobre la transparencia del proceso electoral.
“No creemos que sea una acción correcta en estos momentos, porque denota alarmas a toda la población. Las decisiones deben encaminarse al fortalecimiento democrático, no a generar dudas”, advirtió.
A pesar de los obstáculos, Castellanos recibió esta semana un reconocimiento regional por su labor: fue incluida en la lista de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, elaborada por la revista Forbes en su edición junio-julio de 2025.
La publicación destaca su incansable lucha contra la corrupción y su rol como educadora cívica en defensa del Estado de derecho.
“Este reconocimiento lo recibo con mucha alegría. Nos impulsa a seguir trabajando con disciplina y entrega, porque Honduras lo necesita”, expresó Castellanos.
El contraste entre el reconocimiento internacional a su labor y la apatía interna del sistema judicial subraya una paradoja dolorosa: mientras el CNA hace su parte, la justicia en Honduras sigue fallando donde más se le necesita.
