- Un grupo internacional de expertos presentó este martes un informe que concluye que existen “bases razonables” para creer que, en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022, se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. —
Lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha vendido como un «modelo de éxito» en seguridad podría tener un costo humanitario mucho más alto de lo que se había documentado hasta ahora. Así lo advierte un informe presentado este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia pública celebrada en Guatemala.
El documento, elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), pone cifras y nombres a lo que organizaciones de sociedad civil vienen denunciando desde hace meses: que la guerra contra las pandillas habría derivado en prácticas sistemáticas de violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
«El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)», señala el texto leído durante la sesión.
Los expertos fueron más allá: los casos documentados, aseguran, «indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno».
El reverso del «modelo Bukele»
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización con sede en Washington, fue una de las voces que pusieron el dedo en la llaga durante la audiencia. «El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad.
Sin embargo, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado éxito», afirmó.
Su diagnóstico es desolador: «Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de tener a las pandillas para empezar a temer al propio Estado».
Las cifras que maneja el informe estremecen. Hasta agosto de 2025, se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños. Y hasta febrero de ese mismo año, 540 casos de desaparición forzada habían sido registrados.
Crímenes internacionales contra la población civil
En un comunicado compartido por DPLF, la experta Susana SáCouto profundizó en la gravedad de los hallazgos: «Los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos».
Ante este panorama, el GIPES hizo un llamado directo a la comunidad internacional. La recomendación es clara: que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una misión internacional de determinación de hechos para investigar estas violaciones y «asegurar la rendición de cuentas y justicia».
El informe cuenta con el respaldo de un importante grupo de organizaciones internacionales: la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad Ghent, en Bélgica.
