- La exfuncionaria y otros tres imputados enfrentan cargos por fraude y violación de deberes de los funcionarios en un caso que provocó un perjuicio superior a 47 millones de dólares.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Para este día está programado el inicio del juicio oral y público contra la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, vinculada al caso de la compra de hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en el sistema sanitario hondureño.
En la misma causa también están imputados Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón, quienes, junto a la exfuncionaria, enfrentan acusaciones por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en condición de cooperadores necesarios.
El expediente judicial se originó tras las investigaciones sobre la adquisición irregular de hospitales móviles destinados a atender la emergencia sanitaria; sin embargo, las estructuras adquiridas no reunieron las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento adecuado de pacientes afectados por el virus.
De acuerdo con las autoridades, el perjuicio económico derivado de la compra asciende a más de 47 millones 512 mil 564 dólares, equivalentes a aproximadamente mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras, recursos públicos que habrían sido comprometidos en el proceso de contratación.
Por este mismo caso ya fueron condenados el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, sentenciado a 10 años y 11 meses de prisión por el delito de fraude agravado, así como el exgerente administrativo de la institución, Alex Moraes, quien recibió una condena de inhabilitación por nueve años, cuatro meses y quince días para ejercer cargos públicos por violación de los deberes de los funcionarios.
El inicio del juicio contra la exministra y los demás imputados marca una nueva etapa judicial en uno de los procesos de corrupción más emblemáticos relacionados con la gestión de la pandemia, cuyo desenlace podría determinar nuevas responsabilidades penales y administrativas dentro del caso.
