Copenhague, (EFE). – Las medidas adoptadas por varios gobiernos contra el crimen organizado y la supresión de derechos civiles son algunas de las principales amenazas a la democracia en Latinoamérica, señaló este jueves en su informe anual el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
El Informe Global sobre el estado de la democracia, que cada año elabora este organismo con sede en Estocolmo, resalta que la región tiene un desempeño medio en muchos índices democráticos, a pesar del retroceso generalizado en el último lustro, en especial en Nicaragua, Venezuela y Haití, con rápidas caídas en El Salvador y Guatemala.
«En años recientes, líderes electos en el continente americano han erosionado la democracia, usando las instituciones estatales para legitimar restricciones en derechos, el espacio cívico y la competencia electoral», señala IDEA.
Latinoamérica mantiene altos niveles de participación electoral y números sólidos en el apartado de representación, con trece países entre los cincuenta primeros del mundo en este último apartado, pero las respuestas a la cuestión del crimen organizado desafían al Estado de derecho.
«La inseguridad sigue siendo un gran reto para el Estado de derecho. Los gobiernos han fracasado en responder adecuadamente a las causas profundas del aumento del crimen violento y muchos han recurrido a garantizar más poder a las fuerzas armadas, aumentando el gasto en defensa y expandiendo la militarización en seguridad pública e inmigración», apunta el informe.
Esas medidas han tenido efectos negativos en las libertades civiles y la integridad personal, entre otros derechos, y se han aplicado en países como Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México o Perú.
«La región sigue teniendo un déficit enorme en materia de Estado de derecho. La independencia judicial sigue siendo una asignatura pendiente. Otro problema, y cada vez peor, es la violencia derivada de la presencia del crimen organizado», explica a Efe el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora.
Casas-Zamora sostiene que, si una democracia no puede garantizar la seguridad física de sus ciudadanos, tiene «los días contados» y menciona a El Salvador como ejemplo de que la ciudadanía acepta sacrificar derechos para resolver el problema de la delincuencia.
«Hay una enorme urgencia de que ofrezcamos opciones de política pública para enfrentar el desafío de la seguridad ciudadana, opciones compatibles con la democracia y el Estado de derecho, sino la tentación de que aparezca un Bukele es demasiado grande», afirma.
Nicaragua, según el informe, es el país de la región con peores resultados en materia de derechos, debido a que el Gobierno «ha acabado con la oposición y la disidencia, incluidas represalias a miembros de la Iglesia católica y los medios».
El informe constata que las democracias liberales sufren una tendencia negativa generalizada a nivel global, con retrocesos claros en aspectos como la representación y los derechos.
