(InSight Crime)- Las autoridades de Honduras están procesando a un exgeneral por recibir sobornos de narcotraficantes basándose en la evidencia de un video similar al que implicó a un familiar del presidente en ejercicio, quien nunca fue acusado, lo que revela la naturaleza selectiva de estas investigaciones.
El 23 de mayo, la Fiscalía General anunció cargos por lavado de dinero contra Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los fiscales lo acusaron de lavar los ingresos de la droga del grupo Cachiros, que fue uno de los principales grupos de tráfico de cocaína en el país.
Según los fiscales, las acusaciones se sustentan en “prueba pericial” analizada por técnicos forenses. Esta evidencia incluye varios videos que, supuestamente, muestran a Vásquez reuniéndose en San Pedro Sula con varios narcotraficantes, entre ellos Carlos Lobo, alias “El Negro Lobo”, Héctor Fernández Rosa, alias “Don H”, así como Yankel Rosenthal, exministro de gobierno condenado posteriormente por lavado de dinero.
En uno de los videos, Vásquez habría recibido una cantidad no especificada de dinero en efectivo de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de los Cachiros actualmente preso en Estados Unidos. Se dice que el video fue grabado por Maradiaga en 2013, cuando Vásquez era candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica.
Este escándalo surge más de ocho meses después de que InSight Crime publicara otro narco video grabado por Maradiaga que implicaba a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro. En ese video, Zelaya aparece reunido con muchos de los mismos narcotraficantes que Vásquez, incluidos Don H, El Negro Lobo y Ramón Matta Waldurraga, para negociar donaciones para la fallida campaña presidencial de Castro en 2013.
Durante la reunión, se escucha a Zelaya decir que la mitad del dinero propuesto, que superaba los 500.000 dólares, sería para la campaña de Castro, mientras que la otra mitad “debe ser para el comandante”, en referencia al apodo que muchos dentro del Partido LIBRE usan para Manuel Zelaya, hermano de Carlos y esposo de Castro.
Carlos Zelaya admitió haber asistido a la reunión que aparece en el video publicado por InSight Crime días antes de su difusión, pero negó que él o la campaña de Castro hayan recibido dinero de los narcotraficantes.
Análisis de InSight Crime
La sucesión de narco videos que envuelve nuevamente al establishment político hondureño en escándalos deja al descubierto la justicia selectiva que prevalece en el país y el fracaso constante de los funcionarios electos para erradicar la corrupción de alto nivel cuando ello implicaría enfrentar a poderosos aliados.
Tras la publicación del primer narco video, Carlos Zelaya renunció al Congreso y dejó el cargo de secretario del Congreso Nacional de Honduras. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente y ha seguido recibiendo pagos mensuales, según una investigación del medio independiente Contracorriente. En total, Zelaya habría recibido más de 900.000 lempiras (US$35.000) desde su renuncia.
Un portavoz del Ministerio Público no respondió a la solicitud de comentarios de InSight Crime.
La presidenta Castro condenó las negociaciones entre narcotraficantes y políticos en un mensaje televisado tras la difusión del video que implicaba a su cuñado. Pero la diferencia en el manejo que hicieron los fiscales de las pruebas en el video contra Vásquez y Zelaya sugiere que solo ciertas personas serán responsables por el tipo de corrupción que ha socavado el sistema político en beneficio de los narcotraficantes.
“Quedó evidenciado que este gobierno tiene vínculos serios con el crimen organizado después del video de Carlos Zelaya”, dijo Gabriela Blen, activista anticorrupción y fundadora del Movimiento Indignados. “Negociaron impunidad de sus más altos líderes y pues Romeo Vázquez, obviamente, no entró dentro de los pactos de impunidad que negociaron”.
El gobierno de Castro ha retrasado el establecimiento de una misión anticorrupción respaldada por la ONU, conocida como la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), a pesar del amplio apoyo que tiene entre las organizaciones de la sociedad civil y defensores anticorrupción.
