TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las autoridades hondureñas emitieron una notificación roja para que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), capture al excanciller de la República, Lisandro Rosales Banegas, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Rosales es acusado por el MP por fraude y violación de los deberes de los funcionarios, al haber adquirido ventiladores mecánicos que «fueron recibidos incompletos y sin accesorios para su adecuado uso», lo que impidió atender a los pacientes con Covid-19.
Además del excanciller de la República, la Fiscalía acusa al exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí; a la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati; y a los exfuncionarios de la Copeco, Cristian Elías Santelí, Clara Lizeth Trejo y Alexis Yamil Peña.
Trejo y Peña fueron detenidos el 23 de septiembre por las fuerzas de seguridad de Honduras.
Por su parte, Rubí se presentó el jueves 10 de octubre ante el juez, quién le dictó detención judicial y fue enviado a la Penitenciaria de Támara.
Caso contra Lisandro Rosales
Según el MP, los seis exfuncionarios durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández(2018-2022), condenado en junio a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico, «habrían manipulado el proceso de adquisición» de los ventiladores y «realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte», además de omitir la «recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega».
El organismo hondureño enfatiza que mientras la población «sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados» en los hospitales, los acusados «llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado de sangre y lágrimas».
De igual forma, señala que los ventiladores aún continúan almacenados en las bodegas de los centros sanitarios estatales; porque «no fueron aptos» para atender a pacientes con covid-19.
«Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia y la codicia de quienes debían servir al pueblo provocaron un perjuicio a la salud del pueblo», indica el Ministerio Público.
