TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado Arturo Chinchilla Castro interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Privación de Dominio ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La acción legal va dirigida en contra de una solicitud de privación definitiva de bienes de origen ilícito que involucra a los exdiputados José Celin Discua Elvir, Rodolfo Irias Navas, Elden Vásquez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Redin Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Arnold Gustavo Castro Hernández entre otros.
Estos individuos forman parte de un segundo expediente en el renombrado caso de corrupción «Pandora», presentado en 2018 inicialmente por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), ahora conocida como Uferco.
No obstante, estas personas que fueron sobreseídas están a la espera que les retornen sus bienes, donde tienen que demostrar cómo fueron adquiridos los mismos.
Según algunos conocedores de leyes resulta sospechoso que la acción se presentó a escasos días de que la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando nombrará en la Sala de lo Constitucional al magistrado Walner Vallecillo, como coordinador, y él tiene afiliación con el Partido Liberal.
Analistas, señalan que la Ley de Privación de Dominio, sirve para demostrar la licitud de los bienes y una herramienta para contrarrestar los delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción.
Hasta el momento se desconoce si dicho recurso será admitido o no.
Caso Pandora
El caso Pandora, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), implica a destacados exfuncionarios, asociados, familiares y personas naturales en una serie de delitos graves, incluyendo abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, con un monto total involucrado superior a los 282 millones de lempiras.
Las acusaciones se originaron a partir de la denuncia de un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionadas con presuntas actividades indebidas llevadas a cabo a través de la Fundación Dibattista, que se sospecha que estuvieron involucradas en operaciones atípicas y no autorizadas.
Se sumó a estas acusaciones una auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Durante las investigaciones, se descubrieron indicios que sugieren que fondos públicos destinados a proyectos agrícolas, agroindustriales y hortícolas en varias regiones del país fueron desviados para financiar campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los implicados, por un monto específico de 282,016,175.00 lempiras. Estos fondos provinieron tanto de la SAG como de la Secretaría de Finanzas.
Se utilizó la Fundación Dibattista, junto con la Fundación Todos Somos Honduras, para canalizar los fondos destinados a proyectos agrícolas, pero en realidad, estos fondos terminaron siendo depositados en cuentas privadas y de candidatos a cargos políticos de diferentes partidos.
Entre los hallazgos destacados durante las investigaciones se encuentran el financiamiento de la llamada «tarjeta cachureca», la entrega de recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para las elecciones de noviembre de 2013, la compra de oficinas en el Edificio Metrópolis y el pago de préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, todo ello por un valor total de 99,030,000.00 de lempiras.
Sin embargo, a pesar de la evidencia presentada por el Ministerio Público, la mayoría de los imputados fueron exonerados de responsabilidad penal por la Sala Constitucional, y los pocos procesados restantes vieron desestimados los cargos de lavado de activos. Esto ha generado críticas hacia el sistema judicial por presuntas irregularidades en el proceso, que podrían haber vulnerado el debido proceso y principios constitucionales.
La Fiscalía sostiene que este fallo representa un exceso y una arbitrariedad por parte de la Sala Constitucional, que habría manipulado el lenguaje jurídico y alterado los procedimientos de valoración probatoria, lo que podría sentar un precedente negativo y propiciar la impunidad en casos de corrupción a nivel nacional.
