- Roosevelt Hernández exime a las Fuerzas Armadas de brindar seguridad electoral, pese al mandato constitucional de garantizar la alternancia en el poder
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A pesar de que la Constitución de la República les asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha decidido deslindar a la institución castrense de su papel en el resguardo del proceso electoral, al remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) a gestionar seguridad únicamente con la Policía Nacional.
La presidenta del CNE, Cossette López, solicitó formalmente a las Fuerzas Armadas el resguardo de las instalaciones del órgano electoral, ante la escalada de tensión generada por la toma de sus oficinas por parte de militantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), lo cual interrumpió el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una herramienta clave para la transparencia electoral.
Sin embargo, el general Hernández respondió que la solicitud debía hacerse ante la Secretaría de Seguridad, para que sea la Policía Nacional —adscrita al Poder Ejecutivo— la que brinde la protección solicitada. Es decir, se desentendió directamente del papel de las Fuerzas Armadas en un momento crítico para la institucionalidad democrática.
En un comunicado oficial, el jefe militar afirmó que las Fuerzas Armadas están disponibles para proteger la soberanía y los procesos electorales, pero al mismo tiempo se negó a brindar acompañamiento directo al CNE, en lo que representa una contradicción evidente con el artículo constitucional que les obliga a garantizar la alternabilidad en el poder.
Analistas y sectores de la sociedad civil han interpretado esta postura como un acto de evasión institucional, que abre la puerta a dudas sobre la imparcialidad del alto mando militar, sobre todo en un contexto donde actores cercanos al oficialismo obstaculizan el normal desarrollo del calendario electoral.
Además, la decisión de remitir al CNE exclusivamente a la Policía Nacional —una entidad con mando político— despierta preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y la neutralidad de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando su papel histórico ha sido central en el resguardo físico de centros de votación, traslado de material electoral y seguridad del proceso general.
El general Hernández también expresó que todas las asignaciones se han hecho “conforme a la ley”, pero omitió referirse de forma explícita al artículo 272 de la Constitución, el cual establece que las Fuerzas Armadas están obligadas a garantizar no solo la defensa nacional, sino el normal desarrollo del proceso electoral como parte fundamental de la democracia.
Este vacío de responsabilidad, en medio de un contexto electoral complejo, ha sido interpretado como un retroceso en la institucionalidad democrática del país, donde el garante constitucional de la alternancia del poder parece replegarse, dejando al árbitro electoral sin el respaldo que la misma ley fundamental ordena.
En un país con precedentes de inestabilidad electoral, el silencio o la ambigüedad de las Fuerzas Armadas no es neutralidad, es complicidad pasiva, advierten voces críticas. Y si el alto mando militar elige no actuar ante los primeros signos de presión política, ¿cómo responderá cuando el conflicto electoral escale?
