- Roosevelt Hernández insiste en que las Fuerzas Armadas son “las únicas facultadas” para recibir actas electorales, ignorando que la propia Constitución y la normativa vigente asignan esa responsabilidad a las autoridades civiles del proceso electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En declaraciones que elevan la tensión a menos de 48 horas de las elecciones generales, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, aseguró que las Fuerzas Armadas tienen la facultad constitucional para recibir copias de las actas de cierre y usar esa información como respaldo ante eventuales “percances” del proceso electoral.
Sin embargo, su afirmación contradice directamente la Constitución y la Ley Electoral, que atribuyen la recepción, verificación y procesamiento de actas únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante herramientas como el TREP.
A pesar de ello, Hernández sostuvo que los militares son los “únicos” con atribuciones constitucionales para custodiar y acceder a los documentos electorales.
“La Constitución no menciona a ninguna otra institución (…) los únicos facultados para esto somos las Fuerzas Armadas”, afirmó, ignorando que la ley primaria es clara en que la custodia militar es auxiliar, no decisoria, y jamás sustituye la función de escrutinio del CNE.
Condicionan reconocimiento del nuevo gobierno al 100 % de las actas físicas, no al TREP
El general anunció que las Fuerzas Armadas solo reconocerán al nuevo gobierno cuando se conozca el 100 % de las actas oficiales, rechazando la validez del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta diseñada precisamente para garantizar transparencia y evitar vacíos durante la noche electoral.
Hernández afirmó que no se basarán en el TREP por existir un supuesto “conflicto de intereses” y audios que, según él, evidencian un plan de boicot electoral.
Esta postura coincide con la narrativa de la candidata oficialista Rixi Moncada, quien —pese a ser parte del aparato electoral hasta hace un año— asegura que solo aceptará resultados “acta por acta”.
Advertencia de un posible “escenario Bolivia” y justificación para acumular actas
El jefe militar afirmó que solicitó copias digitales de las actas de cierre para prevenir una crisis similar a la de Bolivia en 2019, donde la disputa por el conteo desató un colapso institucional.
“No queremos que suceda lo que sucedió en Bolivia… por eso pedí las actas”, declaró.
Pero analistas señalan que ninguna interpretación constitucional otorga al Ejército la función de recopilar actas, y que su intervención fuera de la custodia y traslado podría interpretarse como un exceso de funciones.
Una interpretación forzada que choca con la ley y revive temores históricos
La afirmación del general Hernández de que “la Constitución no menciona a ninguna otra institución” es incorrecta.
Tanto la Constitución como la Ley Electoral establecen que la autoridad electoral es civil, encabezada por el CNE, el único ente con facultad para recibir, procesar y oficializar actas.
La participación militar, definida como apoyo logístico y de seguridad, no incluye la verificación ni el resguardo de copias de actas, mucho menos la validación de resultados.
Su postura genera preocupación porque:
- Desconoce la independencia y autoridad del CNE.
- Se alinea políticamente con la candidata oficialista.
- Coloca a las Fuerzas Armadas dentro del debate electoral.
- Abre la puerta a interpretaciones peligrosas sobre el rol militar en la democracia.
Un mensaje que eleva el riesgo institucional en vísperas de las elecciones
Con un Congreso paralizado, un clima de desconfianza generalizada y advertencias internacionales sobre tensiones electorales, las declaraciones del máximo jefe militar llegan en un momento crítico.
Su interpretación de la Constitución —contradictoria e incompleta— debilita la claridad del proceso electoral y revive fantasmas del pasado, cuando los militares intervenían más allá de su marco legal.
A un día de las elecciones, el país enfrenta no solo un desafío político, sino un desafío institucional: que todas las autoridades respeten los límites que la ley les otorga, especialmente quienes portan el uniforme.
