Un tribunal de Nueva York condenó este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de cárcel por tráfico de drogas. Hernández, que tiene 55 años de edad y gobernó entre 2014 y 2022, fue considerado y tratado por Estados Unidos como su principal aliado regional incluso después de conocerse sus vínculos con el narcotráfico y de que en 2019 su hermano y cercano colaborador Tony Hernández fuera condenado por delitos de drogas en un tribunal estadounidense.
En su escrito de solicitud de sentencia contra el expresidente Hernández en nombre del Departamento de Justicia, Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que “durante más de una década, el acusado abusó de su poder político para administrar Honduras —un país de alrededor de diez millones de habitantes— como un narcoestado”.
“El acusado mantuvo su escandalosa conducta al tiempo que se presentaba en público como un aliado de los Estados Unidos en sus esfuerzos por combatir la importación de narcóticos que destruyen incontables vidas en este país. A puerta cerrada, el acusado protegió a los mismos traficantes a los que prometió perseguir”, escribió Williams, omitiendo el trato de favor que la Casa Blanca dio a Hernández en esos mismos años.
El pasado marzo, un jurado popular declaró a Hernández culpable de conspiración para el tráfico de drogas y de dos delitos relacionados de tenencia y uso ilegal de armas, tras un juicio que duró tres semanas y en el que quedó en evidencia una vez más la relación simbiótica que el tráfico de drogas y la política han sostenido por años en Honduras. Durante la audiencia del miércoles, el expresidente insistió en su inocencia, enarbolando sus años de supuesta colaboración con las autoridades estadounidenses y sus políticas antidrogas. Sus abogados habían pedido para él la sentencia mínima posible: 40 años de prisión.
Con la ayuda de un intérprete, Hernández se dirigió al juez tras conocer su sentencia: “Fui acusado de manera equivocada e injusta”, dijo. En una larga carta enviada a la corte antes de la audiencia, el expresidente había hecho el mismo alegato, que ha repetido desde su extradición a Estados Unidos en febrero de 2022. “Se lo he repetido a mi país y al mundo entero: soy inocente. Soy la víctima de una venganza y una conspiración orquestada por grupos de crimen organizado”, escribió.
No logró conmover al juez Kevin Castel, que en la lectura de la sentencia calificó a Hernández como “un político hipócrita hambriento de poder”, que protegió de manera selectiva a ciertos traficantes de drogas y demostró “dotes considerables de actuación”.
Castel, que también atribuyó a Hernández cargos de obstrucción a la justicia, le sentenció a otros cinco años de libertad vigilada una vez complete su condena y a una multa de ocho millones de dólares.
Aun así, se trata de una condena menor a la esperada. El hermano menor del expresidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado por el mismo tribunal a cadena perpetua más 30 años de prisión en octubre de 2019, cuando Juan Orlando, conocido popularmente como JOH, estaba aún en el poder.
Tras conocerse la sentencia, políticos y analistas hondureños cuestionaron el hecho de que el expresidente recibiera una pena menor a la de su hermano y se mostraron pesimistas ante la posibilidad de que esta sentencia ayude a reducir la influencia del dinero del narcotráfico en la política nacional. En Honduras, líderes de los tres partidos mayoritarios —Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal— han sido señalados en documentos judiciales estadounidenses por presuntamente recibir sobornos de traficantes de drogas.
“Uno podría pensar que el encarcelamiento de JOH servirá de lección para la clase política hondureña, pero no será el caso. Todavía tenemos políticos que legislan para protegerse a sí mismos de la Justicia o de ser extraditados, y partidos políticos que están diseñados para encubrirlos”, reaccionó el abogado y analista político Rafa Jerez en X, el antiguo Twitter.
Miembros del partido Libre, que llegó al poder en 2022 impulsado por el descontento popular con Hernández y prometió acabar con la “narcodictadura”, intentaron capitalizar la sentencia. El partido del expresidente, el conservador Partido Nacional, reaccionó tomando por primera vez distancia de él, tras años defendiendo en público su inocencia: “cada persona es responsable de sus propios actos. Los partidos políticos no pueden ni deben ser juzgados por las acciones de sus miembros o representantes”.
“Honduras merece un líder que defienda la democracia y el estado de derecho. Juan Orlando Hernández fue un líder que estaba impulsado por el deseo de servir (se) a él mismo”, dijo la congresista demócrata Norma Torres en un comunicado de prensa difundido el mismo miércoles. “La sentencia de hoy es un paso fundamental en la dirección correcta, pero no deshace los años de daño que Hernández causó a los hondureños y a toda la región”.
El fin de un “hombre fuerte”
Juan Orlando Hernández inició su carrera política en 1998 como diputado del Partido Nacional por el departamento de Lempira. Congresistas de aquellos años le describen como humilde pero ambicioso. En su segundo periodo como legislador ascendió a la influyente posición de secretario del Congreso, y se ganó entre sus colegas el sobrenombre de “Juan Peaje”, por la forma en que, presuntamente, comenzó a enriquecerse abusando de su posición.
En junio de 2009 cuando un golpe militar depuso al entonces presidente Manuel “Mel” Zelaya, del Partido Liberal, Hernández se convirtió de inmediato en uno de los principales defensores públicos de la acción, que contó con el respaldo del Partido Nacional y parte del propio Partido Liberal.
En respuesta al golpe de Estado, buena parte de los simpatizantes de Zelaya —que hoy es líder de Libre y principal asesor de su esposa, la presidenta Xiomara Castro— boicotearon la elección presidencial de noviembre de ese año, lo que facilitó la victoria del Partido Nacional. Porfirio “Pepe” Lobo ganó la presidencia y Hernández, uno de sus pupilos políticos, subió a la presidencia del Congreso.
En los años siguientes, Honduras se volvió el principal punto de aterrizaje en el istmo de vuelos con droga procedentes de Suramérica, y uno de los países más violentos del mundo. La campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013 se basó en perfilarlo como un político de línea dura contra el crimen, y destacó su papel en la aprobación el año anterior de una enmienda constitucional para permitir la extradición de ciudadanos hondureños. Él terminaría siendo, nueve años después, uno de ellos.
Durante el juicio contra Hernández, varios testigos dijeron haberle entregado sobornos durante aquella campaña electoral. Uno de ellos fue un pago de un millón de dólares del entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En 2017, Hernández buscó la reelección a pesar de que la constitución hondureña lo prohíbe. Para entonces, los rumores sobre las actividades criminales de su hermano Tony y sus propios vínculos con el tráfico de drogas ya eran tema de conversación recurrente en Honduras. Aquella elección estuvo marcada por la violencia y las acusaciones de fraude, pero Hernández terminó autodeclarándose ganador y tomó posesión con el apoyo determinante de Estados Unidos.
Ni siquiera las revelaciones de los vínculos de Hernández con narcotraficantes durante el juicio de Tony, en 2019, minaron su buena relación con la administración de Donald Trump, un socio dispuesto a hacer la vista gorda —como lo había hecho antes Barack Obama— siempre y cuando Honduras se plegara a las políticas migratorias estadounidenses. El gobierno de Joe Biden, sin embargo, le dio la espalda.
En febrero de 2022, semanas después de entregar la presidencia, Hernández fue arrestado a las puertas de su casa, esposado y exhibido ante la prensa. Si bien ya se esperaba que fuera juzgado en Estados Unidos por cargos de drogas, la imagen del expresidente en cadenas conmocionó al país; ningún otro expresidente hondureño ha sido encarcelado pese a que —según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional— las instituciones del país se catalogan año tras año entre las más corruptas de las Américas.
Testigos cruciales
El pasado 20 de febrero, después de varios retrasos promovidos por la defensa, Juan Orlando Hernández se sentó por fin frente a un jurado en Nueva York. En los siguientes días múltiples narcotraficantes dieron testimonio de sobornos que habrían pagado a Hernández a cambio de favores y protección. Entre los testigos estuvo Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo.
Durante las audiencias, Fabio Lobo dijo que tanto Hernández como su propio padre recibieron sobornos de narcotraficantes. En una entrevista exclusiva desde la cárcel publicada por El Faro en los primeros días del juicio, Lobo dijo que Juan Orlando era “el cerebro” detrás de las actividades criminales de Tony.
La defensa de Juan Orlando citó como testigos a tres militares que habían trabajado con Hernández. Pero al menos uno de ellos terminó por entorpecer su propia estrategia con una afirmación importante: que él había informado al entonces presidente Hernández que su hermano Tony tenía vínculos con narcotraficantes. Esto —haber protegido a su hermano sabiendo de sus actividades— es suficiente para ser condenado en Estados Unidos por un delito de conspiración.
Hernández, aparentemente convencido de que podía salir airoso del interrogatorio del fiscal, tomó la inusual decisión de subir al estrado en su propia defensa, con el mismo aplomo con el que por años encaró a la prensa hondureña durante su carrera política. Pero, en su nuevo rol de acusado, el expresidente se mostró evasivo y se escudó en mentiras que hubieran resultado obvias en Honduras, como su afirmación de que no recordaba las severas acusaciones contra su hermano a lo largo de su presidencia.
Pese a que se especuló con que recibiría la misma sentencia que su hermano, el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos impide que el expresidente sea condenado a cadena perpetua, por no existir esa pena en la legislación hondureña. Tony Hernández no fue extraditado, sino capturado en Miami.
“Las apelaciones son muy difíciles de ganar en este distrito”, dijo a la prensa el abogado defensor de Hernández, Renato Stabile, tras conocerse la sentencia.
*Jeff Ernst es un periodista estadounidense con ocho años de experiencia cubriendo Centroamérica y colaborador habitual de El Faro.
