TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que un juez del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán ordenó a la Empresa Energía Honduras (EEH) pagar al Estado 686 millones 574 mil 298 lempiras con 85 centavos por concepto de costas procesales.
Según un comunicado oficial emitido por la PGR, la resolución fue dictada el pasado 19 de mayo de 2025, en el marco de un proceso de ejecución forzosa derivado de un litigio entre el Estado y la empresa privada encargada de la distribución eléctrica.
“Este fallo reafirma el compromiso de la Procuraduría en la defensa de los intereses del Estado hondureño y la correcta aplicación de la justicia. Las costas procesales son un componente fundamental en los procesos judiciales, y su reconocimiento es un acto de legalidad”, expresó la institución en el documento.
La resolución judicial responde a una demanda impulsada por el Estado tras irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de concesión firmado con EEH, el cual fue objeto de numerosas controversias desde su adjudicación en 2016.
Contexto del conflicto
La EEH fue contratada para reducir pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema de distribución eléctrica, mejorar la lectura de medidores, la facturación y la recuperación de la mora. No obstante, el Estado denunció incumplimientos en los objetivos establecidos y múltiples fallas en la administración del servicio.
Tras varios años de disputas, el Gobierno anunció en 2023 el inicio de acciones legales para recuperar fondos y penalizar incumplimientos contractuales. El fallo reciente forma parte de ese proceso.
¿Qué son las costas procesales?
Las costas procesales son los gastos derivados de un proceso judicial, incluyendo honorarios de abogados, tasas judiciales, peritajes y otros cargos legales. Generalmente, son asumidas por la parte que pierde el juicio.
En este caso, el monto millonario impuesto a EEH representa una de las mayores sanciones de este tipo en la historia reciente del sistema judicial hondureño.
El abogado constitucionalista Carlos Antonio Romero, consultado por este medio, indicó que este tipo de resoluciones “envía un mensaje claro a las empresas privadas que manejan recursos públicos: deben cumplir rigurosamente con los contratos y con la ley. No hacerlo tiene consecuencias jurídicas y económicas importantes”.
De momento, ni la EEH ni sus representantes legales han emitido declaraciones sobre la decisión judicial. Se desconoce si presentarán un recurso de apelación o buscarán una negociación con el Estado.
