- Empresario enfrentará proceso por supuesta explotación ilegal en área protegida de Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras; comunidades denuncian daños y exigen justicia
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Un juez hondureño dictó este viernes medidas distintas a la prisión preventiva contra el empresario Lenir Pérez, acusado por delitos relacionados con la explotación de recursos naturales y daños agravados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, en Tocoa, departamento de Colón.
La decisión se dio tras la audiencia de declaración de imputado, en la que el empresario compareció luego de una acusación penal presentada por el Ministerio Público de Honduras.
Asimismo, se programó la audiencia inicial para el próximo 9 de abril de 2026, donde se determinará si el caso avanza a etapas posteriores.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró los señalamientos contenidos en el requerimiento fiscal y solicitó la imposición de prisión preventiva. En contraste, la Procuraduría General de la República abogó por la aplicación de medidas sustitutivas, postura que finalmente fue acogida por el juez.
Por su parte, la acusación privada, representada por el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, se adhirió al requerimiento fiscal y también solicitó prisión preventiva, argumentando la influencia del acusado.
La abogada Kenia Oliva señaló que múltiples comunidades de la zona se oponen al proyecto señalado, insistiendo en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley en áreas protegidas.
“Aquí lo importante es que el Estado nos garantice que se respete la normativa, ya que esta zona es protegida”, expresó.
Oliva agregó que existen informes técnicos, pericias ambientales, estudios científicos y testimonios de biólogos que respaldan la acusación. Además, cuestionó la legalidad de las licencias otorgadas, señalando posibles irregularidades.
Entre ellas, mencionó la supuesta omisión del Instituto Hondureño de Geología y Minas en la supervisión del otorgamiento de permisos, así como la existencia de otros requerimientos fiscales por presunta falsificación de documentos.
Según la defensa comunitaria, aunque la empresa involucrada sostiene que se dedica a la minería no metálica, las comunidades aseguran que en la práctica se ha extraído hierro dentro del parque, lo que implicaría un uso distinto al autorizado en las licencias.
El caso ha generado fuerte atención pública, al poner en debate la protección de áreas naturales, la transparencia en la concesión de permisos y la responsabilidad empresarial en zonas ambientalmente sensibles.
