- El nacionalista, acusado de facilitar pagos irregulares por más de L3,084 millones al Estado, retoma funciones y agenda proselitista tras 100 días de encierro; Fiscalía sostiene que operó para favorecer demandas fraudulentas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La justicia hondureña volvió a marcar el compás del escenario político en plena recta final hacia las elecciones generales.
La noche del jueves, un juez designado revocó la medida de arresto domiciliario impuesta al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y a los demás imputados en el caso de presunto fraude en perjuicio del Estado.
La decisión se adoptó tras la presentación de una fianza considerada suficiente para la modificación de medidas, según confirmó su defensa.
El abogado Dagoberto Aspra detalló que el parlamentario podrá reintegrarse a sus funciones legislativas y retomar su campaña electoral con miras a su reelección.
Sin embargo, Márquez deberá cumplir varias medidas cautelares: firmar periódicamente en los juzgados, no salir del país, no comunicarse con los otros imputados y presentar bienes en garantía hipotecaria.
Márquez, subjefe de bancada nacionalista en el Congreso Nacional, enfrenta acusaciones por la supuesta comisión del delito de fraude, vinculado a millonarias demandas ilegales que drenaron al menos L3,084 millones del erario, según el Ministerio Público.
“Fueron 100 días difíciles… no tengo ninguna vinculación con actos reñidos con la ley. Voy a dedicar cada minuto de mi libertad para defender la libertad y democracia de mi país”, sostuvo el diputado tras conocer la resolución judicial.
Un caso que se remonta al huracán Mitch
El expediente del Ministerio Público detalla que las supuestas irregularidades partieron tras el paso del huracán Mitch en 2000, cuando el Estado adjudicó un contrato a la firma estadounidense DRC Inc., no habilitada para operar en Honduras.
La empresa habría subcontratado de forma irregular a NAINSA, lo que derivó en controversias legales.
En 2001, la cooperación internacional canceló fondos por inconsistencias en el contrato. Años después, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas con base en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, según la Fiscalía.
Ambas compañías habrían suscrito un acuerdo confidencial pese a que NAINSA “no tenía relación contractual con el Estado”.
Ya en enero de 2020, en su condición de titular de Sedecoas, Márquez habría remitido a la Procuraduría General de la República un informe legal recomendando suscribir un acuerdo extrajudicial para evitar una “erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA firmaron un convenio que desembocó en pagos millonarios, al margen de procesos judiciales vigentes.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria, pese a que ya se conocía la nulidad del laudo arbitral, ordenando nuevos desembolsos estatales. Además, el MP señala que Héctor Alvarado Mejía, entonces representante de la PGR, no asistió a una audiencia clave alegando incapacidad médica cuya veracidad fue cuestionada.
Una decisión con impacto político
La resolución judicial llega en un momento político cargado y podría reavivar cuestionamientos sobre el papel de la justicia en procesos de alto perfil vinculados a actores con poder político.
Aunque Márquez insiste en su inocencia, el caso continúa y su participación pública vuelve bajo la sombra de uno de los expedientes de mayor impacto financiero para el país.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activa su acusación y no descarta futuros requerimientos, en una trama donde convergen cooperación internacional, contratos irregulares, decisiones judiciales bajo sospecha y millonarias salidas de fondos públicos.
