TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) destacó la «exhibición humillante» de la disfuncionalidad del Estado durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, evidenciando desde la ineficiencia hasta la infiltración de funcionarios por parte de operadores del crimen.
A su vez, lo calificó como un “vergonzoso episodio” para Honduras, destacando la encrucijada en la que se encuentra el país.
«La degradación llegó al Estado, que unos funcionarios asesinaron a otros, donde ambos tenían la responsabilidad de combatir los delitos y a los delincuentes: funcionarios de Estado asesinaron a sus colegas que cumplían con su trabajo», señaló la organización de sociedad civil en un comunicado.
Las bandas criminales, según la institución, no tienen interés en un Estado funcional. Ante la encrucijada que enfrenta Honduras, la REDH denuncia que el juicio contra el exmandatario muestra un panorama de corrupción sistemática, financiamiento ilícito de campañas políticas por parte del narcotráfico y el crimen organizado en todos los niveles de elección.
«El juicio nos ha permitido conocer, de viva voz, que funcionarios pagados con nuestros impuestos trabajan para el crimen», expuso REDH.
En tal sentido, la REDH señaló que tanto criminales como políticos se burlan de la ciudadanía y obtienen poder a través del voto. La institucionalidad electoral falló en garantizar la integridad y ética de quienes participan en política, lo que resalta la urgencia de una revisión a la estructura institucional.
REDH considera urgentes abordar tres puntos: la necesidad inaplazable de un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado; el financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política; y la imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado.
Sobre el primer punto, indicaron que los corruptos operan con la seguridad de que el Estado no actuará, mientras que los funcionarios designados para protegerlos optan por no actuar. Por tanto, es urgente que se instale en Honduras una Comisión de Investigación Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) independiente y autónoma.
En cuanto al segundo punto, REDH mencionó que el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York evidenció el financiamiento ilícito de campañas políticas, especialmente proveniente del narcotráfico. Propusieron limitar los montos de financiamiento a partidos políticos y candidatos, así como hacer públicos los aportantes y las cantidades aportadas.
Como último apartado, frente a la crisis de corrupción y cooptación del Estado, REDH considera necesario emprender reformas institucionales y legales profundas y significativas.
Finalmente, plantean la necesidad de un «Gran Debate Nacional» para definir los pilares del Estado que necesita la ciudadanía.
