- En una corte federal de Miami, testimonios revelan pagos irregulares, favores y contratos amañados que exponen cómo la corrupción devoró millones destinados a la seguridad del pueblo hondureño.
TEGUCIGALPA / MIAMI.
El juicio federal contra el empresario estadounidense Carl Zaglin en Florida, acusado de sobornos relacionados con la denominada “Tasa de Seguridad” en Honduras, dio un giro explosivo en su quinto día de audiencias.
Por primera vez, salió a relucir en sala el nombre del exministro de Seguridad hondureño, Julián Pacheco Tinoco, quien habría sido uno de los altos funcionarios mencionados en la trama de corrupción.
El testimonio clave fue brindado por Luis Berkman, expresidente de Ventas Internacionales de la empresa Atlanco, quien explicó ante el jurado cómo operaba el esquema: empresarios entregaban dinero y favores a funcionarios hondureños a cambio de contratos millonarios con recursos de la cuestionada tasa de seguridad.
Entre los señalados, apareció el nombre de Pacheco Tinoco, exsecretario de Seguridad, presuntamente beneficiado con pagos ilícitos.
Co-conspirador en la mira
La abogada Carolina Meléndez, especialista en investigación jurídica y social, advirtió que al ser mencionado en audiencia y aparecer en documentos judiciales, Pacheco Tinoco puede ser considerado como co-conspirador dentro del caso.
“Desde el momento en que se le nombra y surgen documentos oficiales de la acusación, el exministro pasa a ser parte de la evidencia”, explicó la jurista.
El caso contra Carl Zaglin involucra más de 100 millones de dólares en contratos del fideicomiso de la tasa de seguridad provisional, fondos que debían servir para fortalecer a la Policía Nacional y combatir la criminalidad. Sin embargo, según la Fiscalía de Estados Unidos, esos recursos fueron objeto de sobornos y arreglos que priorizaron ganancias privadas sobre la seguridad de los hondureños.
Uniformes de mala calidad y contratos blindados
Berkman también relató cómo Atlanco entregaba productos defectuosos a la policía hondureña —uniformes, botas y fundas que se deterioraban con un solo uso o lavado— mientras los sobornos garantizaban la continuidad de los contratos.
“Las quejas eran constantes, pero se ignoraban porque los pagos irregulares aseguraban los negocios”, confesó el exejecutivo.
Asimismo, mencionó a otros exfuncionarios hondureños, entre ellos Roberto Contenza, a quienes se les habrían otorgado viajes y dinero en efectivo en Miami. Todo, con la aprobación directa de Carl Zaglin, según el testigo.
Corrupción que debilitó la seguridad
El juicio en Miami vuelve a poner sobre la mesa la podredumbre del sistema de seguridad en Honduras, donde millones de dólares provenientes de los impuestos ciudadanos terminaron desviados por una red de corrupción político-empresarial.
Mientras el pueblo pagaba una tasa especial bajo la promesa de más policías y mejor equipamiento, lo que recibía era una fuerza pública mal uniformada, sin recursos y atrapada en contratos fraudulentos.
La atención internacional se centra ahora en la corte federal de Miami, donde se esperan más testimonios y pruebas que podrían comprometer aún más a exfuncionarios hondureños y ampliar el alcance de una investigación que amenaza con revelar hasta qué punto la corrupción infiltró la seguridad del país.
