• El testimonio de Juan Ramón Molina ante la Corte del Distrito Sur de Florida fortalece la acusación de corrupción y lavado de dinero contra Carl Alan Zaglin; el caso revela cómo se desviaron más de 10 millones de dólares en contratos para la seguridad hondureña.
MIAMI, EEUU.
El sexto día del juicio contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de corrupción y lavado de dinero, estuvo marcado por una confesión explosiva: Juan Ramón Molina, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional (TASÓN) en Honduras, reconoció haber recibido pagos ilegales millonarios a cambio de favorecer contratos estatales.
Molina, quien ya se declaró culpable en 2024, detalló ante la Corte del Distrito Sur de Florida que obtuvo al menos 114 mil dólares en transferencias ilícitas canalizadas desde EE.UU. hacia una sociedad bajo su control en Belice.
Este miércoles, amplió su confesión y reveló que llegó a recibir hasta dos millones de dólares, de los cuales destinó 200 mil a seguridad personal.
“Sé que lo que hice no estuvo bien en ese entonces. Quiero cerrar este capítulo de mi vida”, dijo Molina ante la jueza Melissa Damian, en un testimonio que compromete no solo su responsabilidad, sino que fortalece la narrativa de la Fiscalía sobre la existencia de una red de corrupción transnacional.
El origen del dinero sucio
De acuerdo con documentos judiciales, los sobornos provenían de ejecutivos de empresas proveedoras de uniformes policiales, interesados en asegurar contratos millonarios con el gobierno hondureño.
Las transferencias se disfrazaban como pagos comerciales y eran lavadas a través de bancos en EE.UU. y Belice.
Molina, que permanece en libertad bajo fianza, conocerá su sentencia el próximo 29 de septiembre de 2025.
Antecedentes del caso
En diciembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Zaglin, a su socio Aldo Néstor Marchena y al exfuncionario hondureño Francisco Roberto Cosenza de conspirar para pagar sobornos en violación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
La acusación sostiene que, entre 2015 y 2019, se distribuyeron más de 10 millones de dólares en sobornos, disfrazados en facturas falsas y transferencias comerciales.
Testigos y pruebas
El juicio ha contado con al menos 17 testigos hondureños, entre exfuncionarios y empresarios involucrados en el esquema.
En días anteriores, un ejecutivo de ventas estadounidense admitió su participación directa en el pago de sobornos a cambio de contratos con la Policía Nacional de Honduras.
La Fiscalía ha presentado más de 700 pruebas documentales, incluyendo correos electrónicos, contratos y registros bancarios, que vinculan a Zaglin con la red de corrupción.
Un proceso con repercusión internacional
El testimonio de Molina añade un elemento de confesión directa a un caso ya respaldado por evidencia documental y financiera.
La Fiscalía busca probar que Zaglin lideró una red de soborno internacional que utilizó a funcionarios hondureños como engranajes para manipular la asignación de contratos.
El proceso, que entra en una fase decisiva, podría sentar un precedente en la lucha contra el soborno internacional, poniendo en el centro del escrutinio la manera en que recursos destinados a la seguridad del pueblo hondureño terminaron en manos de corruptos y empresas extranjeras.
Impacto en Honduras: seguridad saqueada
Lo más grave de este caso es que los fondos desviados no eran ordinarios: se trataba del tasón, un impuesto que los hondureños pagaban con la promesa de reforzar la seguridad en las calles, dotar de mejores equipos a la Policía y combatir el crimen organizado.
En lugar de eso, millones de dólares fueron a parar a bolsillos privados y a cuentas en el extranjero, dejando a Honduras expuesta, con una Policía debilitada y una ciudadanía que sigue pagando el precio de la corrupción con más violencia e inseguridad.
