- El abogado Juan Carlos Barrientos aclara que este mecanismo no es judicial sino político, donde la destitución depende del respaldo en el Congreso y no de pruebas como en un tribunal
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En medio del creciente uso del juicio político en el país, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos lanzó una advertencia clave: este mecanismo no debe confundirse con un proceso judicial, ya que su naturaleza es estrictamente política.
El jurista explicó que el juicio político en Honduras no sigue las reglas de un tribunal, ni se basa en la valoración rigurosa de pruebas como ocurre en un proceso penal.
Por el contrario, su objetivo principal es la destitución de funcionarios nombrados por el Congreso Nacional de Honduras, dependiendo fundamentalmente de la correlación de fuerzas políticas.
“Si existen los votos, el juicio político procede”, subrayó Barrientos, dejando en claro que la decisión final responde más a acuerdos y respaldos dentro del Congreso que a criterios estrictamente jurídicos.
En ese sentido, el experto insistió en que la ciudadanía no debe confundir esta figura con un juicio tradicional, ya que no se trata de determinar culpabilidad penal, sino de evaluar causales políticas que justifiquen la remoción de un funcionario.
Asimismo, señaló que la comparecencia de los señalados ante el Congreso no es obligatoria.
No obstante, advirtió que no asistir implica renunciar a la posibilidad de presentar descargos y defenderse públicamente dentro del proceso.
Las declaraciones de Barrientos surgen en un contexto de alta tensión política, donde el juicio político se ha convertido en una herramienta clave de confrontación entre sectores de poder, generando debate sobre sus alcances y posibles abusos.
Para el constitucionalista, entender la naturaleza de este mecanismo es fundamental para evitar interpretaciones erróneas y comprender que, más allá de argumentos legales, el desenlace de estos procesos depende, en última instancia, de la voluntad política.
