• El titular del Congreso asegura que el proceso continuará con o sin los señalados y garantiza que se respetará el debido proceso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, aseguró que el proceso de juicio político contra altos funcionarios electorales seguirá su curso, incluso si estos no se presentan ante la Comisión Especial convocada para las audiencias.
Las declaraciones surgen ante la posibilidad de que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, no comparezcan a la cita programada para este lunes a las 9:00 de la mañana.
“Esto no es persecución, no es revanchismo, esto es control constitucional sobre altos funcionarios que creemos —o cree el pueblo hondureño y los diputados— que actuaron más allá de las atribuciones que les da la Constitución”, expresó Zambrano.
El titular del Legislativo explicó que, en caso de inasistencia, las audiencias continuarán con los funcionarios que sí se presenten, sin detener el procedimiento.
Asimismo, detalló que la Comisión Especial seguirá con la recopilación de pruebas documentales, testimonios y demás elementos necesarios para elaborar un informe que posteriormente será presentado ante el Pleno del Congreso.
“Cuando me digan que ya tienen el informe, voy a convocar a sesión y vamos a citar nuevamente a Marlon Ochoa, Mario Morazán y a todos los altos funcionarios denunciados para que acudan al Pleno”, indicó.
Zambrano subrayó que, si los señalados deciden no asistir a esa instancia, perderán la oportunidad de ser escuchados directamente por el pleno legislativo.
“Si no acuden, se lee el informe que levante la comisión y se procede a la votación para determinar si se les destituye del cargo”, advirtió.
El congresista también aclaró que para la admisión del juicio político se alcanzaron 91 votos, superando la mayoría requerida, y defendió la legalidad del proceso.
Finalmente, enfatizó que se están garantizando todas las condiciones del debido proceso para los funcionarios señalados.
“Les garantizamos el derecho a la defensa, el principio de contradicción y que puedan presentar pruebas, documentos o cualquier elemento que consideren necesario para desvirtuar los señalamientos”, concluyó.
