• El presidente del Legislativo asegura que ningún funcionario será juzgado por capricho político; la ley garantiza hasta cuatro horas para ejercer su defensa ante el pleno
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dejó claro este lunes que cualquier funcionario que enfrente un juicio político en Honduras tendrá garantizado su derecho a la defensa y al debido proceso, en medio de un creciente debate sobre la posible aplicación de este mecanismo.
“Yo tengo que ser el garante de que se respete el debido proceso”, subrayó Zambrano, al tiempo que insistió en que el procedimiento está plenamente respaldado por la Constitución de la República y no responde a intereses de persecución política.
El titular del Legislativo explicó que la activación de un juicio político depende estrictamente de los votos en el Congreso, señalando que con 86 votos a favor “es casi 100 % seguro que se estaría dando trámite” a cualquier solicitud presentada formalmente.
Niega persecución política
Zambrano rechazó los señalamientos de sectores de oposición que advierten sobre un posible uso arbitrario de esta figura. Según dijo, el juicio político no es una herramienta de revancha.
“Es totalmente falso que sea para perseguir a alguien. Es para corregir y sentar un precedente legal contra quienes abusaron de la Constitución, del cargo y de la confianza que les delegó el Congreso Nacional”, afirmó.
Procedimiento establecido por ley
El presidente del Congreso detalló que la Ley de Juicio Político establece una ruta clara: primero, la admisión de la denuncia con 86 votos; luego, la posible suspensión del funcionario; y posteriormente la creación de una comisión especial encargada de investigar el caso, también aprobada con el mismo número de votos.
En ese sentido, enfatizó que su rol será asegurar que cada etapa se cumpla conforme a la normativa vigente. “Nada de esto es ilegal. Los juicios políticos son legales y están contemplados en nuestra Constitución”, reiteró.
Garantía de defensa
Uno de los puntos centrales abordados por Zambrano fue el derecho a la defensa de los funcionarios señalados.
Indicó que la comisión especial deberá citar al implicado para que presente pruebas, descargos y rinda su declaración tanto ante la comisión como ante el pleno del Congreso.
Este proceso, explicó, puede extenderse desde unos minutos hasta un máximo de cuatro horas, tiempo en el que el funcionario podrá ejercer su defensa de manera directa.
“A nadie se le va a procesar para meterlo preso, como algunos dicen. Eso es mentira. Aquí se evaluará la conducta y se determinará si existen méritos para destituirlo del cargo”, enfatizó.
Sin denuncias formales aún
Zambrano también reveló que, hasta la fecha, no se han presentado solicitudes o denuncias formales ante la Secretaría del Congreso Nacional para iniciar procesos de juicio político, por lo que aún no se puede determinar el alcance real que podría tener esta figura en el país.
No obstante, reconoció que dentro del Legislativo ya hay sectores que han puesto bajo la lupa a diputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso anterior, señalados por presuntos abusos a la Constitución.
Un tema que gana presión
El debate sobre el juicio político ha cobrado fuerza en las últimas semanas, impulsado por presiones de distintos sectores que demandan acciones contra funcionarios señalados por supuestas irregularidades.
En ese contexto, Zambrano buscó enviar un mensaje de tranquilidad, asegurando que, de activarse este mecanismo, se hará bajo estricta observancia de la ley y garantizando los derechos de todos los involucrados.
