- El director de Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, advierte que existen indicios para promover acciones contra funcionarios que habrían obstaculizado procesos democráticos, pero insiste en que el procedimiento debe cumplir estrictamente la Constitución para evitar futuras demandas contra el Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, señaló que los procesos de juicio político contra funcionarios señalados de obstaculizar procesos democráticos deben realizarse sin impunidad, pero respetando estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales.
El representante de ASJ afirmó que, aunque existen indicios en varios casos recientes, no se trata de una competencia por presentar acusaciones rápidamente, sino de construir expedientes sólidos y debidamente documentados que respalden cualquier proceso ante el Congreso Nacional.
Aguilar explicó que las acciones pueden impulsarse mediante denuncias formales o mociones presentadas por diputados, pero insistió en que deben sustentarse con suficiente material probatorio que permita sostener las acusaciones dentro del marco legal.
“Que no haya impunidad”
El director de Transparencia de ASJ subrayó que la organización respalda que cualquier acción que haya atentado contra el sistema democrático no quede sin sanción, especialmente cuando se trata de hechos que pudieron afectar el desarrollo de procesos electorales.
“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se va a aplicar la ley de juicio político vigente desde 2013, que se haga bien, sin dudas y conforme a derecho”, expresó.
Aguilar también advirtió que una destitución realizada sin cumplir los procedimientos legales establecidos podría generar consecuencias para el Estado hondureño, incluyendo posibles demandas en instancias nacionales o internacionales.
Recordó que en administraciones anteriores distintos partidos políticos han impulsado procesos de remoción de funcionarios sin apego estricto a la normativa, lo que posteriormente ha generado controversias legales.
Señalamientos a Fiscalía y órganos electorales
Durante su análisis, Aguilar mencionó el caso del Ministerio Público, al que señaló por presuntamente haber montado un proceso contra tres personas de la tercera edad, acusadas de terrorismo en un caso que calificó como “eminentemente político”.
Según indicó, estas personas están próximas a cumplir un año en prisión preventiva, lo que —a su juicio— representa una posible vulneración a derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Asimismo, se refirió a actuaciones dentro de los organismos electorales, señalando que un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) habrían obstaculizado el proceso electoral al no asistir a sesiones establecidas por la ley.
De acuerdo con Aguilar —en referencia al consejero Marlon Ochoa y al magistrado Mario Morazán— estas acciones habrían afectado el desarrollo normal del calendario electoral e incluso el principio de alternabilidad en el poder.
“Sí existen acciones que podrían sustentar un juicio político, pero deben documentarse adecuadamente y seguir el procedimiento que establece la ley”, reiteró.
Los votos en el Congreso
En relación con la viabilidad política de estos procesos, Aguilar consideró que los votos necesarios podrían alcanzarse si las principales fuerzas políticas del Congreso actúan de manera conjunta.
A su criterio, la suma de los diputados de los partidos Nacional y Liberal superaría los 90 votos, a los que podrían añadirse legisladores de otras bancadas minoritarias.
La discusión sobre el juicio político ha tomado mayor relevancia luego de que distintos sectores sociales mantuvieran la exigencia de investigar posibles responsabilidades por hechos que habrían afectado el proceso democrático.
En las últimas horas, incluso el presidente Nasry Asfura se sumó a las voces que respaldan que el Congreso conozca eventuales iniciativas en ese sentido, lo que aumenta la presión política sobre el Legislativo.
Desde la ASJ recalcan que cualquier acción en esta materia debe sustentarse en pruebas claras, procesos transparentes y respeto irrestricto al marco constitucional, para garantizar que el combate a la impunidad no esté sujeto a negociaciones políticas, sino al cumplimiento de la ley.
