- La exrectora de la UNAH cuestiona la falta de equilibrio en el Ministerio Público y señala que los casos contra opositores avanzan rápido, mientras los que involucran a oficialistas permanecen sin acción.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, lanzó fuertes cuestionamientos contra la gestión del fiscal general Johel Zelaya, denunciando un trato desigual en la investigación de casos de corrupción dependiendo de la afiliación política de los implicados.
“Los casos donde los investigados no son del Partido Libre hay mucha celeridad, los casos donde son del Partido Libre no vemos que hay acciones”, expresó Castellanos, al comparar expedientes recientes como el del yerno del alcalde de San Pedro Sula y las intenciones de actuar contra el edil de Choluteca, frente al caso de Sedesol y Carlos Zelaya, donde no se perciben resultados.
Tres patrones de actuación
La socióloga identificó tres conductas recurrentes en la Fiscalía:
- Acelerar procesos contra opositores políticos.
- Justificar la inacción en casos que involucran a oficialistas.
- Presentar argumentos débiles, difíciles de sostener frente a precedentes similares.
Según Castellanos, esta dinámica está debilitando la confianza ciudadana en el sistema de justicia y reforzando la percepción de manipulación política de la ley.
La exrectora también se refirió al video donde aparecen el exministro de Sedesol y la diputada Isis Carolina Cuéllar, así como al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre desvío de fondos sociales.
En este punto cuestionó que la Fiscalía calificara el documento del TSC como “superficial” y prometiera elaborar uno “más sólido”, en lugar de actuar de inmediato.
“No es el caso de que sea rápido o sea lento, sino que vemos actitudes diferentes y en este caso cuál es el denominador común”, puntualizó Castellanos, al señalar que los miembros del Partido Libre reciben un tratamiento distinto al resto.
Expedientes reactivados y coyuntura política
Como ejemplo del uso político de la justicia, Castellanos citó el caso de Nelson Márquez, reactivado tras más de diez años, cuya reapertura coincidió con un momento en que el oficialismo carecía de votos suficientes en el Congreso Nacional.
Para la exrectora, este tipo de decisiones fortalecen la percepción de que la Fiscalía responde a intereses políticos en lugar de actuar con independencia.
Analistas respaldan críticas
El analista Kenneth Madrid coincidió con la lectura de Castellanos y señaló que el Ministerio Público no necesita informes del TSC para ejercer la acción penal pública. “Tienen independencia, pueden actuar en cualquier momento, y el único informe indispensable es el de enriquecimiento ilícito cuando se imputa ese delito”, explicó.
Madrid subrayó que el video de Sedesol contenía confesiones suficientes para iniciar investigaciones inmediatas.
“En lugar de escudarse en explicaciones técnicas, el Fiscal General debió actuar; la omisión solo fortalece la percepción de parcialidad en la administración de justicia”, recalcó.
Críticas se acumulan
Las declaraciones de Castellanos y Madrid se suman a las recientes críticas del Partido Liberal, que acusa al Ministerio Público de utilizar la justicia como herramienta de persecución política contra opositores, mientras protege a figuras del oficialismo vinculadas a presuntos actos de corrupción.
