- La exrectora de la UNAH advierte que la solicitud de las Fuerzas Armadas para obtener copia de las actas electorales es una “extralimitación constitucional” que pone en riesgo la institucionalidad democrática y marca un preocupante retroceso en la relación civil-militar.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó con dureza el silencio de la presidenta Xiomara Castro ante la solicitud del jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, de obtener copias de las actas electorales a nivel presidencial, calificando la propuesta como una grave extralimitación de sus funciones constitucionales.
“Esa solicitud atenta contra la institucionalidad democrática y revive los temores de la injerencia militar en los asuntos civiles del país”, expresó Castellanos, recordando que en el pasado la sociedad hondureña luchó por mantener a los militares fuera de la política.
“La población debe recordar que antes se pedía ‘los militares a sus cuarteles’, pero ahora guardan silencio porque están cómodos con ellos en el poder”, enfatizó la también socióloga.
Castellanos lamentó que, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la presidenta Castro no haya salido a aclarar públicamente la posición de su gobierno. A su juicio, el silencio del Ejecutivo “no es casual”, sino una señal de aprobación.
“Si la presidenta no sale a desmarcarse de la solicitud y a desautorizar al jefe castrense, es porque ella y el partido Libre están de acuerdo”, afirmó con contundencia.
La exrectora recordó además que, ante la falta de un ministro oficial de Defensa, la presidenta ejerce también ese cargo, por lo que “no puede alegar desconocimiento ni indiferencia” frente a las declaraciones del general Hernández.
“La Secretaría de Defensa se ha convertido en el bastión de Libre”
Castellanos consideró que el planteamiento del alto mando militar contradice el pensamiento de la izquierda que en otros tiempos denunciaba el poder militar, pero que ahora “guarda silencio porque los militares están a su servicio”.
En ese sentido, advirtió que la Secretaría de Defensa se ha convertido en “el bastión que el Partido Libertad y Refundación (Libre) necesita para mantenerse en el poder”.
“Esta solicitud provoca sorpresa, preocupación, rechazo y hasta indignación. Los militares no son un poder político, son una institución con funciones específicas y con el uso de la fuerza exclusivamente para fines de seguridad, no electorales”, subrayó.
“Una violación al artículo 272 de la Constitución”
Castellanos explicó que la propuesta del general Hernández viola el artículo 272 de la Constitución, el cual delimita claramente las funciones de las Fuerzas Armadas.
“Esta petición se extralimita en su mandato constitucional, atropella la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”, lamentó, advirtiendo que, si se llegara a conceder, “sería un retroceso mayor, atropellante e irrespetuoso”.
La exrectora agregó que esta solicitud implica un trato inequitativo frente a otras instituciones autónomas, ya que las Fuerzas Armadas no tienen competencia para manejar información electoral.
“El silencio del gobierno refleja conformidad”
Para Castellanos, el mutismo de los funcionarios de Libre y de la presidenta Castro demuestra un acuerdo tácito con el jefe castrense.
“Si la presidenta no se desmarca, es porque está de acuerdo. Hoy guardan silencio porque los militares están a su servicio”, reiteró.
La socióloga también rechazó que este tema sea una simple “cortina de humo”, asegurando que el general Hernández ha sostenido su postura con firmeza, lo que a su juicio revela un discurso planificado para legitimar la participación militar en el proceso electoral.
Llamado a la sociedad civil
Finalmente, Castellanos llamó a la ciudadanía y a las organizaciones civiles a reaccionar ante lo que considera un peligroso intento de retroceso democrático.
“Ojalá se forme un Frente Cívico Nacional para colocar a las Fuerzas Armadas en el lugar que les corresponde”, exhortó, advirtiendo que el país no puede permitir que los avances en las relaciones civiles y militares conquistadas en democracia sean borrados por el silencio y la complacencia del poder político.
