• Exviceministra de Seguridad cuestiona reintegro de agentes vinculados al narcotráfico y advierte que la impunidad se ha normalizado en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, lanzó fuertes críticas contra el reintegro de policías depurados y presuntamente vinculados al narcotráfico, al considerar que estas decisiones reflejan un “reciclaje de la corrupción” dentro de la institución.
A través de una carta abierta difundida en sus redes sociales, Villanueva cuestionó que, a 16 años del asesinato del denominado “zar antidrogas”, Julián Arístides González, el sistema continúe sin castigar a los responsables y, por el contrario, permita el retorno de oficiales señalados.
“La impunidad no solo es silencio, hoy está normalizada”, expresó, al tiempo que denunció que expedientes relacionados con el caso habrían sido debilitados o incluso “extraviados”, lo que impide al Ministerio Público de Honduras presentar requerimientos fiscales sólidos.
Villanueva calificó como “indignante” que, mientras González fue asesinado por una estructura policial criminal, autoridades —tanto anteriores como actuales— faciliten el regreso de agentes cuestionados bajo el argumento de supuestas violaciones a sus derechos.
“¿Y los derechos de las víctimas?”, cuestionó.
La exfuncionaria sostuvo que la justicia en Honduras se ha convertido en un “círculo vicioso” donde el crimen organizado “recupera su uniforme”, señalando que oficiales previamente suspendidos o separados por vínculos oscuros o por no justificar su patrimonio están siendo reincorporados con ascensos, honores y pagos retroactivos.
“Es una bofetada a la memoria del zar antidrogas. Mientras sus verdugos siguen sin castigo, el sistema premia a quienes debieron ser investigados penalmente”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que la institucionalidad de seguridad continúa “secuestrada” y que la reincorporación masiva de agentes cuestionados confirma que la Policía sigue bajo la influencia de los mismos intereses que habrían planificado el crimen en 2009.
Villanueva también alertó sobre el impacto económico de estas decisiones, indicando que el Estado enfrenta más de 18,000 demandas por despidos presuntamente irregulares, con embargos que superan los 4,000 millones de lempiras.
En ese sentido, aseguró que el retorno del 85 % de los policías depurados en administraciones anteriores no representa un acto de justicia, sino un “premio a la opacidad”.
Exige auditoría y acciones penales
Ante este panorama, la exviceministra planteó la necesidad de una auditoría inmediata para revisar los expedientes de cada oficial reintegrado, así como la presentación de requerimientos fiscales contra los autores materiales e intelectuales del asesinato de Arístides González.
También pidió investigar el uso de fondos públicos destinados al pago de indemnizaciones a policías que no superaron pruebas de confianza, señalando posibles desvíos de recursos que pudieron ser utilizados en áreas como salud o educación.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad para evitar que el uniforme policial continúe siendo utilizado por personas vinculadas al crimen organizado.
“¡La impunidad es complicidad!”, concluyó Villanueva, en un mensaje que reaviva el debate sobre la depuración policial y la lucha contra la corrupción en Honduras.
