TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró este miércoles que finalmente han salido a la luz las irregularidades que desde 2023 ha venido denunciando sobre el sistema penitenciario hondureño, al que señala de estar infiltrado por redes de complicidad y negligencia institucional.
A través de sus redes sociales, Villanueva expresó su respaldo al actual director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), General Ramiro Fernando Muñoz, por lo que calificó como un acto de transparencia al revelar el nivel de control y poder que aún ejercen estructuras criminales desde el interior de los centros penales.
“Es muy importante esta transparencia y la voluntad mostrada por la autoridad penitenciaria actual, el General Muñoz, quien evidencia hoy ante todos lo que hemos venido refiriendo desde hace tiempo”, expresó la funcionaria.
Complicidad y negligencia bajo custodia policial
Villanueva fue contundente al señalar que, durante los 14 meses en que la Policía Nacional tuvo el control del sistema carcelario, ocurrieron hechos graves, incluyendo un homicidio múltiple bajo custodia y el ingreso sistemático de armas y municiones. Según sus declaraciones, estos delitos están sustentados en informes de inteligencia, incluyendo escuchas telefónicas, que se encuentran en poder de las autoridades.
“Se deben deducir responsabilidades. No se puede ignorar la entrada de municiones y armas, ni ningún otro delito”, afirmó.
También lamentó que, durante su intervención al frente del sistema penitenciario, no recibió el respaldo operativo que hoy acompaña al General Muñoz. Por el contrario, denunció haber sido forzada a trabajar con personal ligado a redes de corrupción, lo que obstaculizó su labor técnica y estratégica.
“Jamás hubiéramos tenido tantas dificultades si hubiéramos contado con una fuerza operativa efectiva. Nos impusieron personas corruptas que boicotearon descaradamente nuestro trabajo”, denunció Villanueva.
La subsecretaria hizo un llamado a la Fiscalía del Ministerio Público para que investigue a fondo estos hechos. Aseguró que los informes correspondientes están documentados y resguardados en los archivos del centro penal de Támara, y que los ingresos ilícitos derivados del tráfico de armas y municiones son millonarios.
Hallazgos en Támara confirman denuncias
Las declaraciones de Villanueva se producen después del escándalo generado por el hallazgo, en el centro penitenciario de Támara, de habitaciones de lujo y una caleta subterránea clandestina que reveló el impresionante nivel de organización de las estructuras criminales al interior del penal.
Durante labores de limpieza y remoción de escombros, personal del INP descubrió un escondite que contenía armamento de guerra, drogas, equipos de comunicación de alta tecnología, uniformes tácticos y una suma en efectivo estimada en 400 mil lempiras, en billetes de 500.
Este hallazgo ha encendido las alertas dentro y fuera del sistema de justicia. La magnitud del descubrimiento confirma, según las autoridades, que las cárceles han operado durante años como centros de mando de organizaciones criminales con total impunidad.
“No vamos a detenernos. La misión es desmantelar por completo estas redes criminales que han operado con impunidad durante años dentro de las cárceles”, afirmó el director del INP, General Muñoz.
Las autoridades han anunciado que este será solo el inicio de una serie de intervenciones más profundas en otros módulos penitenciarios, con el objetivo de recuperar el control del sistema y restablecer el orden institucional.
