TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El analista político y abogado Kenneth Madrid advirtió este fin de semana que la Constitución de la República prohíbe expresamente que el Estado asuma deudas privadas, lo cual pone en entredicho la legalidad del proyecto gubernamental que busca compensar con fondos públicos a los afectados por la estafa de Koriun Inversiones.
En declaraciones a medios de comunicación, Madrid señaló que “constitucionalmente el Estado solo puede hacer pagos relacionados con deuda pública”, y enfatizó que ningún funcionario ni poder del Estado tiene la facultad para asumir obligaciones financieras derivadas de operaciones privadas.
“La actual Constitución prohíbe pagar cualquier deuda particular y también establece que los funcionarios no pueden tener más atribuciones que las que ya se les otorgan”, subrayó.
La reflexión del analista se da en el marco de la iniciativa anunciada por el Ejecutivo para presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que permita indemnizar a los más de 35 mil afectados por la presunta estafa piramidal de Koriun Inversiones, empresa que ofrecía rendimientos del 5% semanal (equivalente a un 240% anual) sin contar con licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Koriun operó en al menos siete departamentos del país, bajo un modelo conocido como esquema Ponzi, captando dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, una práctica insostenible e ilegal.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), intervino las oficinas de la empresa en Choloma y otras ciudades.
En los operativos se aseguraron bienes, vehículos, cuentas bancarias y se incautaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancariasvinculadas a Koriun.
Las declaraciones de Kenneth Madrid se suman al creciente debate jurídico, político y ético sobre el rol del Estado frente a fraudes financieros privados, y sobre los límites constitucionales del uso de fondos públicos en este tipo de casos.
