TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Nuevos documentos revelan que Koriun Inversiones, la empresa involucrada en una presunta estafa masiva de tipo piramidal, fue legalmente registrada como comerciante individual apenas el 19 de marzo de 2024, pese a que operaba desde al menos seis años atrás en diferentes zonas del país.
Según la documentación oficial, Iván Velásquez, señalado como administrador y aparente propietario de la firma, obtuvo la escritura de comerciante individual en Tegucigalpa, aunque el documento establece que su sede principal estaría ubicada en El Progreso, Yoro, con posibilidad de abrir sucursales a nivel nacional.
Velásquez también tramitó su Registro Tributario Nacional (RTN) ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) el 13 de junio de 2024, apenas unos días antes de que la operación estallara públicamente como una estafa a gran escala.
Según registros, actualizó su RTN cinco días después, ubicando su domicilio fiscal en Choloma, Cortés, donde se estima que más de 35 mil personas colocaron su dinero a cambio de un retorno anual de hasta 240% en intereses.
El escándalo de Koriun Inversiones estalló tras múltiples denuncias ciudadanas y la intervención del gobierno en abril pasado.
Desde entonces, la administración de la presidenta Xiomara Castro ha propuesto un controvertido proyecto de ley para cubrir con fondos estatales las pérdidas de los afectados, una decisión que ha generado fuertes críticas de sectores sociales y económicos.
Uno de los aspectos más cuestionados ha sido la actuación de instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público (MP), señaladas por inacción frente a una operación irregular que se mantuvo a plena vista por años.
Particular indignación ha causado el hecho de que a Iván Velásquez se le habrían devuelto más de 300 millones de lempiras previamente incautados, incluyendo 125 millones encontrados en su vivienda. Esto, mientras otras personas han sido detenidas por portar cantidades muy inferiores, incluso menores a 50 mil lempiras.
Por su parte, la directora del SAR, Mariana Ríos, aseguró recientemente que Koriun Inversiones no tenía registro fiscal ante esa institución ni había presentado declaraciones de impuestos, lo que agrava aún más el carácter informal e ilegal de sus operaciones.
Aunque la escritura de Velásquez contempla una variedad de actividades mercantiles lícitas —como la compra-venta de bienes, importación y comercio en general—, no contempla la captación de dinero, actividad que precisamente fue la base del esquema Ponzi del que se acusa a Koriun.
El caso ha sacado a flote profundas fallas en la supervisión financiera del país y continúa generando fuertes repercusiones políticas, sociales y legales.
