TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exministro de Transparencia y exfiscal de la República, Edmundo Orellana, expuso su preocupación tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional el Decreto 04-2022, amnistía política, mayormente conocido como el «Pacto de Impunidad».
Orellana advirtió que conceder amnistías bajo el argumento de que el proceso es «políticamente motivado» genera un serio dilema para los jueces y fiscales.
Con tal declaración, se estaría imputando responsabilidad al fiscal que presenta el proceso, como es el caso de las amnistías ya concedidas, reveló Orellana.
“La amnistía que se concede porque el proceso es “políticamente motivado”, plantea un grave problema para el fiscal. Porque con tal declaración se estaría imputando responsabilidad al fiscal que presenta el proceso”
Añadió que, salvo en aquellos casos en los que se comprueba que el juez concedió la amnistía sin verificar los requisitos exigidos por la ley, tanto el fiscal que motive políticamente una acusación como el juez que otorgue la amnistía sin fundamentos legales estarían actuando de manera incorrecta.
Las declaraciones del exfuncionario surgen luego de que, la noche del martes, el pleno de la CSJ declarará por mayoría de votos la constitucionalidad del decreto de amnistía, con una votación de 10 a 5 a favor de rechazar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la controvertida ley. La CSJ demostró que «la totalidad» del decreto es constitucional.
El Decreto 04-2022 ha sido criticado por sectores que lo consideran un “pacto de impunidad”, ya que, según ellos, protege a funcionarios acusados de corrupción y otros delitos. Para Orellana, esta decisión compromete la imparcialidad del sistema judicial, además de crear un precedente que afecta tanto el rol de los fiscales como el de los jueces en el proceso.
