TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de una preocupante realidad marcada por niveles alarmantes de contaminación del aire en Honduras, producto del acelerado cambio climático y las prácticas insostenibles que han caracterizado las últimas décadas, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) alza la voz para abordar una problemática que amenaza la salud humana y la integridad de nuestros ecosistemas.
Ante ello, la organización señala que enfrentamos una crisis ambiental de proporciones significativas, con consecuencias irreversibles para nuestra sociedad y el entorno natural que nos sustenta. Ante este escenario desafiante, el FOSDEH desea expresar su posición y propuestas para encarar este desafío con determinación y responsabilidad.
Por lo cual expresan su más profunda preocupación ante las prácticas de tala excesiva de árboles e incendios forestales que han devastado vastas extensiones de bosques en Honduras. Esta pérdida no solo destruye hábitats cruciales para la biodiversidad, sino que también contribuye directamente a la degradación de la calidad del aire y acceso al agua; exacerbando así los problemas de contaminación atmosférica y bienestar en nuestras comunidades.
Es evidente la falta de regulación y aplicación efectiva sobre los comportamientos humanos y empresariales (industrias, generación eléctrica y transporte, entre otros), principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que contaminan nuestro aire. Esta situación demanda una acción urgente por parte de las autoridades para implementar políticas que promuevan la reducción de emisiones y la adopción de tecnologías más sostenibles para el ambiente, en todos los sectores económicos.
La economía hondureña aún depende en gran medida de la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el carbón y el búnker, cuyas emisiones son altamente nocivas para la salud humana y el ambiente.
La topografía montañosa de Honduras actúa como una trampa natural que concentra los contaminantes en las zonas bajas, aumentando así los riesgos para la salud de la población. Esta situación se ve agravada por fenómenos climáticos como la bruma, el polvo del Zahara, etc.; que afecta aún más la calidad del aire y la salud.
Producto de la creciente exposición de la población a los efectos nocivos de la contaminación del aire, es urgente adoptar medidas integrales que protejan la salud pública y el ambiente. La contaminación del aire no solo representa una amenaza inmediata para la salud de las personas, sino que también compromete el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones futuras.
Frente a la «Posposición de lo Prioritario», proponen:
Es fundamental asignar recursos suficientes para implementar mecanismos efectivos de monitoreo y control de la deforestación, involucrando activamente a la ciudadanía en la protección de nuestros recursos naturales.
Instan a la adopción e implementación de políticas públicas que promuevan la descarbonización de la economía, estableciendo estándares más estrictos para la reducción de emisiones en todos los sectores.
Es esencial impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías sostenibles con el ambiente que permitan una transición hacia un modelo energético más eficiente y respetuoso con el ambiente y los Derechos Humanos.
Reconocen la importancia del Acuerdo de Escazú como un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Exigimos al gobierno de Honduras la pronta firma y ratificación este acuerdo sin demora, demostrando así su compromiso con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y afrohondureños afectados por la contaminación.
Para finalizar señalan que es hora de dejar de posponer lo prioritario y tomar acciones decisivas para proteger la salud y el bienestar de nuestra población y nuestro planeta. La firma del Acuerdo de Escazú es un paso fundamental en este camino hacia la promoción de iniciativas que preserven la naturaleza y respeten los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y afrohondureños.
