Desde el estrado, vistiendo el mismo traje que usó para su segunda ceremonia de toma de posesión como presidente de Honduras en 2018, Juan Orlando Hernández intentó el martes 5 de marzo argumentar que era inocente de los cargos de narcotráfico por los que estaba siendo juzgado.
‘Los narcos no tienen partido político’, dijo Hernández, en respuesta a las preguntas de los fiscales estadounidenses sobre los sobornos que varios narcotraficantes aseguran haberle pagado durante sus años en el poder, a cambio de protección política y en ocasiones militar a sus cargamentos de cocaína. ‘Ellos apoyan a todo el mundo’, dijo, deteniéndose un momento antes de añadir: ‘O al menos lo intentan’.
‘¿Igual que hicieron con usted, señor Hernández?’, contestó el fiscal.
La audiencia de ese día terminó poco después. Mientras esperaba en el banquillo a que el jurado abandonara la sala, Hernández mantuvo la mirada fija al frente con expresión de derrota.
Como el abogado que fue antes de entrar en política, JOH -como se le conoce popularmente en Honduras- parecía consciente que en lugar de apoyar su inocencia había confirmado con su testimonio la tesis central de la acusación: que aceptar dinero del narcotráfico ha sido durante los últimos 20 años, incluidos sus dos gobiernos consecutivos, la forma común de hacer política en Honduras.
Tres días más tarde, el viernes 8 de marzo, un jurado de Nueva York declaró culpable a Hernández, de 55 años, de tres cargos de narcotráfico y conspiración con armas. Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel. El anuncio de la sentencia final está programado para el 26 de junio, aunque esa fecha podría cambiar.
El juicio contra Hernández, que fue por casi una década el hombre más poderoso de Honduras, duró tres semanas y es el último de una serie de casos contra narcotraficantes y altos funcionarios hondureños que han dejado claro que la connivencia con el crimen organizado transnacional no ha sido una excepción sino la norma en la política del país centroamericano. Los testigos que desfilaron en estos días por una corte en Manhattan no sólo afirmaron que Juan Orlando Hernández aceptó millones de dólares de los narcos, sino que también destacados miembros de los partidos políticos mayoritarios de Honduras recibieron sobornos durante sucesivas administraciones.
Tras la condena del expresidente hondureño, el fiscal estadounidense Damian Williams expresó su esperanza de que el juicio ‘envíe a todos los políticos corruptos [en Centroamérica] que consideren un camino similar un mensaje: elijan otra manera’. Las reacciones públicas de la élite política hondureña al veredicto del viernes hacen pensar, en cambio, que no se producirá un cambio de paradigma.
El fin de una era en el narcotráfico
Juan Orlando Hernández fue detenido en la puerta de su casa en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022, apenas veinte días después de terminar su segundo periodo consecutivo en la presidencia. Cuando fue extraditado a Estados Unidos semanas más tarde, la nación entera siguió en directo por televisión su llegada al aeropuerto de Palmerola y el despegue del avión que la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) había enviado a buscarlo, como si fuera el lanzamiento de la misión Apolo 11 a la Luna.
Para Hernández, uno de los políticos más prominentes de Honduras durante casi veinte años y un aliado estratégico de Estados Unidos durante sus dos mandatos, fue efectivamente un vuelo hacia un mundo diferente: uno en el que su nombre y su estatus habían perdido finalmente el privilegio y la capacidad de garantizarle impunidad.
Durante sus ocho años de mandato, Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo para activistas y defensores ambientales, cooptó la Corte Suprema de Justicia para que permitiera su reelección pese a una prohibición constitucional y aun así requirió de un fraude electoral para renovar mandato a finales de 2017.
Estados Unidos, pese a que la DEA ya investigaba su participación en el narcotráfico, respaldó los dos gobiernos de Hernández y mantuvo los lazos de cooperación.
Su juicio comenzó finalmente el 20 de febrero pasado, tras numerosos retrasos debidos a problemas para que el abogado defensor de Hernández obtuviera la autorización de seguridad necesaria. La expectativa entre los hondureños era enorme, estaban deseosos de ver ante la justicia a un hombre que llegó a simbolizar la corrupción endémica del país. Un enjambre de medios de comunicación hondureños viajó a Manhattan para seguir el juicio in situ.
En el centro de la acusación no solo estaba Hernández sino el Partido Nacional, histórica fuerza conservadora en Honduras en la que el expresidente ha sido hombre fuerte desde que se convirtió en legislador por primera vez en 1998. El testigo clave de la acusación fue de hecho un exalcalde del Partido Nacional, Alexander Ardón, famoso entre otras cosas porque durante su gestión al frente de El Paraíso, Copán, instaló en el techo del palacio municipal un helipuerto. Ardón se entregó a la DEA en marzo de 2019 tras ser acusado de narcotráfico y se declaró culpable.
En octubre de ese mismo año, Ardón fue el testigo estrella de la fiscalía en un juicio, celebrado en el Distrito Sur de Nueva York, contra el hermano de Juan Orlando, el exlegislador hondureño Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, detenido por cargos de narcotráfico en noviembre de 2018. Tony fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.
No fue hasta que Ardón comenzó a cooperar que los fiscales se dieron cuenta de que no solo tenían un caso contra Tony, sino también contra Juan Orlando, quien había sido, desde al menos 2013, sospechoso de ser cómplice de narcotraficantes. En los juicios contra ambos hermanos Ardón relató, con notable coherencia, cómo él y otros, incluido el tristemente célebre exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entregaron millones de dólares en sobornos a Juan Orlando.
Pero el testigo más esperado por muchos era Fabio Lobo, hijo del padrino político de Hernández y su predecesor en la presidencia, Porfirio ‘Pepe’ Lobo. Fabio fue detenido por narcotráfico en 2015 en Haití, tras verse atrapado en una operación encubierta de la DEA. Una vez en Estados Unidos, se declaró culpable y fue condenado a 24 años de prisión.
Fabio fue una incorporación tardía de la fiscalía y nunca antes había actuado como testigo colaborador. En una entrevista concedida antes de que entablara negociaciones con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigo contra Hernández, Fabio defendió a su padre de las acusaciones de que había aceptado también sobornos de los narcos. Pero cuando subió al estrado, contó otro cuento.
Testigo definitivo
Fabio Lobo entró en la sala de juicios el 29 de febrero vistiendo un uniforme amarillo abotonado de presidiario y se paseó ante la mirada condenatoria de Juan Orlando Hernández. Los fiscales no perdieron el tiempo y le hicieron preguntas que apuntaban al corazón.
‘¿Estuvo su padre [Pepe Lobo] involucrado en conversaciones sobre el lavado de dinero de los Cachiros?’ ‘Sí’. ¿Recibió su padre contribuciones de campaña de los Cachiros?’ ‘Sí’. ¿Proporcionó su padre protección a los Cachiros?’ ‘Sí’. ‘¿Eso incluía protección contra la extradición?’ ‘Sí’.
Con sus cuatro síes, Fabio quemó a su propio padre –ahora un político y empresario retirado en Honduras– y fortaleció el caso de la fiscalía contra Hernández. Tras escuchar que las acusaciones contra Pepe eran ciertas y que el expresidente Lobo conocía la relación de su hijo con el clan de los Cachiros, para el jurado fue más fácil concluir que las acusaciones contra su sucesor en el poder, Juan Orlando, también eran ciertas. Cómo creer que el hombre más poderoso del país no estaba enterado de los negocios en qué andaba metido su hermano Tony, previamente condenado.
Dio aún más peso al testimonio de Fabio el hecho de que muchas de sus conversaciones con otro de los testigos cooperantes, Devis Rivera Maradiaga, de los Cachiros, fueran grabadas y entregadas a la DEA. En un intercambio de mensajes de texto entre Fabio Lobo y Rivera, que datan de 2014 y que fue presentado ante el tribunal, ambos hablaban de una reunión de Fabio con Juan Orlando Hernández, durante la cual, dijo, reconoció sus propias actividades de narcotráfico con los Cachiros y animó al entonces presidente a apoyarlo.
Rivera y su hermano Javier eran cabecillas de los Cachiros y, a finales de 2013, cuando las autoridades estadounidenses les pisaban los talones, llegaron a un acuerdo de cooperación con la DEA que les hizo trabajar como agentes dobles durante todo 2014 en Honduras, antes de finalmente entregarse.
El 28 de febrero, en la segunda semana del juicio, Rivera testificó que en 2012 su hermano había asistido a la fiesta de cumpleaños de un exlegislador tío de Fabio, a la que también asistió la crema y nata de los narcos y políticos hondureños. En la reunión, dijo, Javier Rivera y otros narcos acordaron contribuir a la campaña de Hernández. Devis relató al jurado que un narco incluso le hizo una videollamada durante la fiesta, en la que le pudo ver con el brazo alrededor del hombro de Hernández.
‘Yo había sobornado a Pepe Lobo, así que iba a seguir sobornando al candidato que él eligiera’, dijo Rivera en el estrado.
A pesar de que durante el juicio no se presentó ninguna prueba de que esos supuestos pagos ocurrieran realmente, si el jurado no había quedado plenamente convencido con el aluvión de acusaciones de soborno hechas por los testigos presentados por la fiscalía estadounidense es probable que los citados por la defensa, incluido el propio Juan Orlando Hernández, terminaran de reafirmar la idea.
La defensa llamó a declarar brevemente a tres militares hondureños. Destacó el testimonio del general Tulio Romero, quien se ocupó de la seguridad de Hernández y su familia durante más de una década. Mientras era interrogado por los fiscales, Romero dijo que se había enterado de que Tony se reunía con narcos e informó de ello a Juan Orlando antes de que llegara a la presidencia. Con Hernández en el poder no se tomó ninguna medida al respecto.
Cuando el expresidente Hernández subió al estrado, le preguntaron sobre lo que Romero dijo de Tony. ‘Nunca me enteré de que [Tony] participara en el narcotráfico’, dijo. Afirmó que había advertido dos o tres veces a Tony sobre su compañía con los narcos y que había pedido al fiscal general de Honduras que lo investigara. Pero a medida que los fiscales le hacían más y más preguntas sobre su relación con Tony, se debilitó y se volvió evasivo.
‘Según mi información, [Tony] no era un narcotraficante’, dijo.
Efecto boomerang
Durante el juicio, los fiscales presentaron vídeos y transcripciones de narcotraficantes que relataban sus conversaciones con Juan Orlando Hernández sobre sus actividades de tráfico de drogas. También se presentaron libros de contabilidad incautados en operaciones antidrogas en los que figuraban las iniciales y el apodo común de Hernández, ‘JOH’, junto con el nombre completo de su hermano Tony, y un cúmulo de otras pruebas circunstanciales, como fotos de Hernández posando con narcos o miembros de sus familias que en otras circunstancias habrían sido inocentes retratos.
Pero la mayor parte de las pruebas fueron los testimonios de los traficantes que aseguraron haber pagado sobornos, lo que deja una puerta abierta a los críticos de la condena y a quienes tienen se beneficiarán de sembrar la duda sobre la culpabilidad de Hernández y la supuesta intención política de la DEA, incluidos numerosos miembros de la clase política hondureña que también han sido vinculados al narcotráfico.
Como ya sucedió en juicios similares, los testigos afirmaron bajo juramento que pagaron sobornos a miembros de los tres principales partidos políticos de Honduras. Uno de ellos es Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, del Partido Libre.
“En Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego lo nieguen”, dijo Devis Rivera Maradiaga durante el octavo día del juicio contra Hérnández. “¿Sobornaste a Carlos Zelaya, del partido Libre?”, le preguntó Raymond Colón, uno de los uno de los abogados defensores de Hernández. “Sí, entre 100,000 y 200,000 dólares”, respondió Rivera.
Carlos Zelaya ya había sido vinculado anteriormente con el uso de una pista de aterrizaje para el tráfico de drogas durante una vista celebrada en 2017 para ayudar a determinar la sentencia contra Fabio Lobo. En la entrevista publicada por El Faro al inicio del juicio, Fabio amplió esa acusación, afirmando que otros narcos le habían hablado de la participación de Zelaya en el uso de al menos dos pistas de aterrizaje para recibir aviones cargados de cocaína.
‘Niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona, usados como distractores en juicio contra JOH, quien sí es acusado por EE.UU. y señalado como narcotraficante, quien organizó un cartel aprovechando sus cargos públicos y las instituciones del Estado’, dijo Carlos Zelaya en Twitter/X, en respuesta a la última acusación en su contra.
En un comunicado tras el veredicto, la presidenta Castro dijo que una ‘élite gángster’ había tomado el poder en Honduras bajo el mando de Hernández y que es ‘imperativo desmantelar la organización criminal que sigue operando y que fue montada por los cabecillas condenados en el extranjero’. En su comunicado, Castro se refiere al gobierno de Hernández como una ‘narcodictadura’ y califica la sentencia como prueba del ‘fracaso del sistema de justicia hondureño y de su complicidad con el crimen organizado’.
También aprovechó para atacar a quienes derrocaron a su esposo, Manuel ‘Mel’ Zelaya, en un golpe de Estado en junio de 2009, y acusó al Partido Nacional de Hernández de asaltar “a sangre y fuego” Honduras “con procesos electorales fraudulentos en 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y Estados Unidos’.
Castro, sin embargo, pasó por alto el hecho de que uno de los mismos testigos que declaró contra Hernández en Manhattan dijo en un juicio anterior que pagó sobornos no sólo a su cuñado, sino también a su esposo cuando éste corrió por la presidencia en 2005.
En el último año, las dos fuerzas políticas más importantes de Honduras, el Partido Nacional y el Partido Libre, chocaron en los procesos de elección de una nueva Corte Suprema y un nuevo fiscal general. Si bien al final se alcanzaron acuerdos mínimos, la desconfianza sobre la posible politización del sistema de Justicia persiste, y la negación sigue siendo la respuesta común ante acusaciones contra miembros del propio partido, lo que sugiere que los hondureños seguirán dependiendo de la justicia extranjera para juzgar a su élite política en casos graves de crimen organizado.
El Partido Nacional, que durante todo el juicio contra Juan Orlando Hérnández estuvo en el centro de atención por las alianzas de sus dirigentes con el narcotráfico, emitió un histriónico comunicado en el que invoca los nombres de figuras históricas que en algún momento fueron injustamente juzgadas: ‘Gandhi lo vivió, Mandela lo vivió, Magdalena lo vivió’, dice el texto.
