La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes a Honduras por violaciones a la propiedad colectiva del pueblo garífuna San Juan y a la participación en asuntos públicos que afectaron a la comunidad, por lo cual ordenó al Estado brindar títulos de propiedad alternativas o pagar indemnizaciones.
El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó este viernes los puntos resolutivos de la sentencia y detalló que Honduras es responsable por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, al de participación en asuntos públicos, al de acceso a la información pública, a la integridad personal, y al de garantía y protección en perjuicio del pueblo garífuna San Juan.
«El Estado incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar el territorio de la comunidad, no garantizó el uso y goce de la propiedad y no garantizó a la comunidad su participación en asuntos que le afectaban», apuntó Pérez Manrique.
En la sentencia, la CorteIDH explica que la comunidad garífuna San Juan, ubicada en el departamento de Atlántida, Municipalidad de Tela, sufrió a lo largo de los años situaciones como la venta y adjudicaciones a terceros de tierras y la ampliación del radio urbano del Municipio de Tela en el año 1989, que abarcaba parte del territorio reclamado por el pueblo garífuna y reconocido como tal por el Estado.
A esto se suma la creación del área protegida Parque Janeth Kawas en parte del territorio de la comunidad y hechos de violencia contra miembros del pueblo garífuna.
La CorteIDH señaló que «tanto en el marco de la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela, como de la creación del Parque Kawas, las autoridades no garantizaron ni respetaron el derecho a la participación de la Comunidad de San Juan en asuntos que la afectaron».
Durante el proceso ante el tribunal internacional, el Estado hondureño reconoció que le corresponde a la comunidad San Juan un territorio con los mismos límites que aquel que fuera solicitado por los representantes a nivel interno.
Ante ello, la CorteIDH estableció que Honduras «debe conferir un título de propiedad colectiva a la Comunidad Garífuna de San Juan sobre tierras alternativas o en su caso pagar las correspondientes indemnizaciones».
La CorteIDH ordenó al Estado crear un fondo de 800.000 dólares para financiar proyectos con propósitos educacionales, habitacionales, seguridad alimentaria, salud, agua potable, construcción de infraestructura sanitaria y recolección de basura, en beneficio de los habitantes de San Juan.
Sobre el clima de amenazas y de violencia en contra de los miembros del pueblo garífuna, la CorteIDH determinó que el Estado «es parte responsable» y que con ello ha violado el derecho a la integridad personal.
«Existe una situación de violencia en contra de los integrantes de la Comunidad Garífuna de San Juan protagonizada por terceros y en algunos casos por integrantes de la fuerza pública», señala la sentencia.
El documento añade que «en algunos casos el clima de amenazas y de violencia se concretó a través del homicidio de algunos de los miembros de la Comunidad de San Juan» y agrega que «ese contexto de violencia responde en parte a un conflicto territorial latente que lleva décadas sin ser resuelto por parte de las autoridades estatales».
Con información de EFE
