TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La extorsión por parte de bandas criminales es una de las principales causas del desplazamiento interno en Honduras, fenómeno que ha obligado a miles de personas a abandonar su hogar y que requiere respuestas duraderas, señaló este lunes el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
«La extorsión es una de las principales causas que genera desplazamiento (forzado) y hemos visualizado cómo conductores de autobuses, taxistas y empresarios han perdido la vida producto del no pago de la renta que les cobran», dijo a Efe el director del Conadeh, Ricardo López.
Agregó que muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado «impuesto de guerra», extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país centroamericano.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», dominan algunos barrios de Honduras con un «modus operandi» basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Las maras (pandillas) más reconocidas son la Salvatrucha (MS-13) y la M-18.
UN FENÓMENO EN CRECIMIENTO
La lacra de la extorsión «ha venido creciendo y ha generado una gran cantidad de desplazamientos en nuestro territorio», subrayó López.
Según un estudio de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internas, citado por López, 247.090 personas se desplazaron por la violencia y la extorsión en Honduras en los últimos años, para «salvaguardar su integridad física».
El 50 % de los casos de desplazamiento interno, un fenómeno reconocido por Honduras en 2013, están relacionados a la extorsión y los más afectados son los empresarios, añadió el director del organismo de derechos humanos.
Afirmó que otra de las causas del desplazamiento interno es la violencia generalizada que afecta a Honduras, país que hasta ahora no ha resuelto el fenómeno ni ha logrado un mecanismo de asistencia a las personas desplazadas.
El 33 % de las personas desplazadas son comerciantes, 6 % transportistas, 6 % amas de casa, 5 % docentes y 4 % abogados, según registros del Conadeh.
La extorsión, la violencia y el desplazamiento forzado también afectan a los pueblos originarios de Honduras, que representan el 8 % de los 9,5 millones de habitantes del país.
Más de un centenar de personas de 7 pueblos étnicos se desplazaron o están en riesgo de desplazamiento forzado en Honduras, de acuerdo a denuncias atendidas por el ente de derechos humanos entre 2016 y junio de 2022.
Los garífunas (negros) son el grupo más afectado por el desplazamiento forzado debido al despojo de sus tierras, asesinatos, lesiones y amenazas.
«MUCHO POR HACER»
Las autoridades de Honduras tienen «mucho por hacer» para resolver el problema de la extorsión, un fenómeno que requiere el fortalecimiento del ente judicial para castigar a los extorsionistas, indicó López.
La extorsión «no es un tema sencillo» y el Estado tiene «la obligación de buscar mecanismos adecuados para educar y generar oportunidades de trabajo a la población», para evitar que jóvenes se vean obligados a formar parte de estructuras criminales, enfatizó.
El Estado hondureño también tiene que «reeducar» a las personas que integran esas bandas criminales, para que vuelvan a la sociedad, agregó.
«El Estado tiene que ponerse creativo en buscar soluciones duraderas para garantizar los derechos humanos de esta población (desplazada)», dijo el director del Comisionado de Derechos Humanos.
Los desplazados necesitan que el Estado les garantice «su integridad física y su vida», acotó López, quien indicó además que el Gobierno también debe buscar mecanismos apropiados para brindar albergue y atención psicosocial a las personas afectadas.
Muchos de los afectados por la extorsión no interponen la denuncia ante las autoridades por miedo, ya que, según la Policía Nacional, agentes y militares, entre activos y retirados, y operadores de justicia, forman parte de esos grupos.
