FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, señaló que, la iniciativa para darle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), es jurídicamente imposible.
Puntualizó que, para lograr la instalación de la CICIH, lo que se requiere es la firma de un convenio entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por lo cual, el siguiente paso sería la aprobación de este tratado por parte del Congreso Nacional (CN), dado que no se trata de un acuerdo entre dos instituciones nacionales, sino de una cooperación técnica internacional, “esto es lo que debe ocurrir antes de cualquier otra norma”.
Expresó su sorpresa al ver que en el Congreso se discutía dar carácter constitucional a la CICIH, al revisar el proyecto de ley, observó que se pretendía otorgar una personería jurídica con carácter de querellante autónomo a la CICIH.
Señaló que esta comisión aún no existe, “primero tiene que existir la comisión y luego darle las facultades”.
Especificó que, dos puntos preocupantes en el proyecto de ley: primero, la intención de otorgar la figura de querellante autónomo a la CICIH, que aún no ha sido establecida. Segundo, la designación del Fiscal General como responsable de acreditar la personería jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la CICIH a través de su máxima autoridad “esto es otra contrariedad”.
Subrayó la importancia de considerar estos aspectos al analizar lo sucedido ayer en el Congreso, calificando el proyecto de ley como un “imposible jurídico”.
