FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La lucha anticorrupción se debilitó no sólo por los que echaron la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), sino también por los que prometieron la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y no la instalaron en el país, señaló este sábado, la exvocera de la desaparecida misión anticorrupción internacional, Ana María Calderón.
Reflexionó que, actualmente la situación en Honduras es tan compleja como cunando funcionó la MACCIH, “ha existido un retroceso en el fortalecimiento de las instituciones, quiero recordar que se ha presentado un debilitamiento en la lucha contra la corrupción. Se aprobaron diversas leyes que provocaron impunidad”.
Recordó que, le tocó vivir las elecciones de 2017, que fueron polarizadas con denuncias de fraude y un ambiente convulso que derivó con la reelección de Juan Orlando Hernández.
En tanto, indicó que, el trabajo que realizó la MACCIH entre 2016 y 2020 en Honduras, lamentablemente se fue debilitando hasta que se concluyó el convenio, lo que dio al traste para disminuir la lucha contra la corrupción.
Subrayó que, “ese debilitamiento de la lucha contra la corrupción no puede ser atribuido solamente a los que echaron a la MACCIH, sino que también ha habido promesas incumplidas de instalación una nueva misión anticorrupción. La CICIH nunca llegó al país y lo peor de todo es que no se hizo un ‘mea culpa’, el debilitamiento es responsabilidad de los que dirigen al país”.
Insinuó que, Honduras sigue con un panorama de polarización con denuncias de fraude en las elecciones que se realizarán este domingo.
Asimismo, expresó respaldo al mensaje de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que Honduras tenga elecciones transparentes y libres de cualquier injerencia política.
Asimismo, debatió que, el Ministerio Público (MP), no se destaca por su imparcialidad en los últimos meses. Esa función de presentar requerimientos contra autoridades electorales no debe representar injerencia contra los órganos electorales, la Fiscalía tiene el rol esencial de proteger el proceso eleccionario, sin lesionar de manera arbitraria a los integrantes de los entes electorales.
