Una investigación interna en el gobierno de Xiomara Castro determinó que autoridades policiales supieron de la construcción pero no actuaron. También hay indicios de que al menos una agente penitenciaria participó en una masacre carcelaria
HONDURAS.
(Infobae)- Nombrar a la cárcel de Támara, en el centro de Honduras, evoca una masacre reciente en la que murieron 46 reclusas, y evoca, además, la complicidad de las autoridades policiales y militares hondureños con los pandilleros que, desde hace décadas, controlan las prisiones en el país centroamericano. La corrupción en Támara es tal que, según un informe de la inteligencia penitenciaria de junio de 2023, miembros de la MS-13 ahí recluidos habían sido capaces de construir, entre 2021 y 2022, túneles para escapar e introducir armas y drogas, de los que la Policía Nacional tuvo conocimiento y a propósito de los cuales hizo muy poco.
Támara es, en realidad, el nombre de un valle ubicado unos 34 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital. Ahí hay dos cárceles, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y el Centro Penitenciario Nacional, para hombres. En la primera ocurrió la matanza de 46 mujeres, la mayoría de ellas quemadas por pandilleras adversarias, y en la segunda la construcción de los túneles. Informes confidenciales a los que Infobae tuvo acceso revelan cómo las autoridades hondureñas han fallado a la hora de investigar las redes de crimen organizado que funcionan en las cárceles del país.
Las masacres y la colusión entre presos, pandilleros, policías y autoridades no son novedad en Honduras. Una investigación reciente de Progreso Digital, basada en datos oficiales, determinó que un millar de personas murieron en las prisiones del país centroamericano en lo que va del siglo. En 2012, en un solo evento, fallecieron 362 presos. En los últimos años, desde que la presidenta Xiomara Castro asumió, en enero de 2022, han ocurrido más matanzas.
Tras enfrentamientos violentos de las pandillas MS-13 y Barrio 18 ocurridos entre el 8 y el 9 de abril de 2023 en varias cárceles del país, Castro prometió ordenar las prisiones y nombró una comisión especial para hacerlo. A partir de entonces, investigadores hondureños han hecho un mapa detallado de las redes de corrupción y crimen organizado en las cárceles, e incluso han identificado, con nombre y apellido, a los oficiales -de todos los rangos- implicados. Hasta la fecha, sin embargo, no hay investigaciones significativas sobre la complicidad entre presos y autoridades.
Lo que se acumula en varios expedientes son esos indicios, incluso pruebas que hablan de las mafias carcelarias y sus socios en el poder.
Los túneles de la MS-13
Las investigaciones que iniciaron en las cárceles de Támara arrojaron información que llegó de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional (PN), institución a la que el gobierno de Xiomara Castro entregó el control de las prisiones tras quitárselo a las Fuerzas Armadas. Los datos parecían urgentes: los reportes hablaban de guardias, hombres y mujeres, que entregaban objetos, armas, teléfonos y otros ilícitos a reos con los que tenían relaciones conyugales, de convivencia e incluso hijos, y adelantaban la posibilidad de que esas redes fuesen utilizadas para desestabilizar al gobierno.
Dos meses después de jurar como presidenta, Castro quitó el control de las prisiones al ejército, a cuyos mandos había delegado la seguridad penitenciaria el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos el pasado 8 de marzo. Desde marzo de 2022 hasta abril de 2023 la PN estuvo a cargo, pero la influencia de las redes criminales no cesó; al contrario, según demostrarían luego informes de inteligencia penitenciaria, fue durante la gestión policial que algunas de esas mafias reforzaron su capacidad en las cárceles.
Desde al menos mayo de 2023, cuando ya había tomado el control la comisión interventora nombrada por la presidenta, el entonces jefe de la Policía Nacional de Honduras, el general Gustavo Sánchez Velásquez, sabía de estas redes y su alcance: un informe oficial que recibió en su despacho de Tegucigalpa el primer día de aquel mes daba cuenta de que “es necesaria una operación de desarme general y simultánea en todos los centros penitenciarios a nivel nacional”. Aquel informe advertía que Sánchez ya sabía de los túneles: ya era “de su conocimiento”, dice el reporte.
En el documento, elaborado por la comisión interventora, las autoridades pertinentes piden al general Sánchez enfocar los esfuerzos en identificar e inhabilitar “los accesos y vías de escape (túneles) y de comunicación (fibra óptica)” identificadas en las cárceles. Las estructuras subterráneas, sospechaban en la comisión interventora y agentes de inteligencia policial, servían no solo para facilitar fugas, sino para comunicar al penal de hombres con el de mujeres, ubicado en las cercanías, y para introducir dinero, drogas y armas.
Fue, aquella, una de las primeras menciones a los túneles de la MS13 en Támara que quedaron registradas en un informe oficial. Pero había más.
La información que recibieron las autoridades policiales daba cuenta de que el control que la pandilla ejercía sobre el penal masculino, incluido el módulo de máxima seguridad que ahí existe, permitía a los criminales tener acceso a armas, a teléfonos celulares y a una red de custodios, familiares e incluso oficiales policiales y militares en activo que les facilitaba el acceso con el exterior y, con ello, el control de la criminalidad en las calles de Honduras.
Las investigaciones iniciales descubrieron, por ejemplo, que un empleado de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), la institución que lleva alimentos a los reos, introducía “armas desarmadas, droga y dinero de la extorsión (una de las principales actividades criminales de la MS)” en sacos de granos básicos que, por órdenes de autoridades policiales y de la misma cárcel de Támara, no eran revisados al llegar a la prisión. Uno de los coordinadores de las entregas era, según este informe, un empleado de Banasupro (cuyo nombre se omite porque se trata de una investigación en curso en Honduras) que tenía un pariente preso.
Algunos de los líderes de la MS13 presos en Támara y mencionados en el informe como responsables de las redes criminales montadas en complicidad con funcionarios públicos son Melvin Alfredo Bejarano, Denis Adalid Pagoada Puerto, José Nahum Montufar Henríquez, César Josué Molina Lara, Daniel Eduardo Meléndez De Vicente, Nadab Elí Mejía Coca, entre otros.
La corrupción también permitía, según el informe, que el dinero de extorsiones recibido por la pandilla fuese almacenado en los despachos oficiales de la cárcel. En uno de ellos, durante una requisa, los agentes encargados encontraron 350,000 lempiras en efectivo (unos USD 15,000 al cambio actual).
Otra de las redes criminales enquistadas en el sistema penitenciario hondureño permitió, según las investigaciones, la fuga de Osny Silven Rodríguez Medina, un jefe mafioso condenado a 101 años de prisión por varios delitos. En esta fuga participaron 16 personas, entre abogados y funcionarios, incluido un oficial que fue director del penal masculino en Támara; vehículos policiales fueron utilizados.
Infobae contactó a la policía hondureña para obtener una reacción, pero ahí respondieron que todo lo pertinente a las cárceles debía consultarse en las autoridades militares que en la actualidad están a cargo de los penales. En el ejército no hubo respuesta. Un vocero del Ministerio Público (MP) dijo que abrieron una investigación sobre los túneles cuando una publicación de Diario El Heraldo reveló los primeros detalles sobre su construcción.
En uno de sus informes a la presidenta Castro, la comisión interventora de cárceles informó sobre la complicidad de los mandos policiales con la corrupción en las cárceles. Es una queja dura: “Se visibilizó la incapacidad, ineficacia, negligencia, complicidad e involucramiento de la Policía Nacional en todos sus niveles jerárquicos… (Policías) y agentes penitenciarios, desde la institucionalidad y haciendo uso del uniforme de los recursos públicos… participan por acción y omisión en las redes de corrupción que financian la guerra del terror librada contra el Estado…”
La masacre de mujeres
Todas las señales estaban ahí. Las investigaciones de la comisión interventora. Los túneles de la MS13. Nombre y apellidos de mandos policiales y penitenciarios vinculados con líderes pandilleros presos, también identificados, que alimentaban una red capaz de meter drogas, armas y dinero a las cárceles y de permitir a los jefes de la mafia controlar a sus soldados en el exterior. Todo indicaba que, en algún momento, algo explotaría. Y eso ocurrió.
El 20 de junio de 2023, un grupo de internas, alimentadas desde el exterior con armas y protegidas por la complicidad de custodios que nunca las detuvieron, prendieron fuego a un recinto de la PNAF, la cárcel de mujeres en Támara. Cuarenta y seis personas murieron.
La matanza tuvo un efecto inmediato en el gobierno hondureño. La presidenta Castro dio marcha atrás y mató a la comisión interventora, la misma que había identificado la complicidad policial en la corrupción carcelaria que, en parte, había facilitado la masacre de Támara. La mandataria devolvió el control de las prisiones al ejército, algunos de cuyos mandos también habían estado implicados en redes de corrupción durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro y quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos el 8 de marzo anterior.
Investigaciones periodísticas y pesquisas independientes de las inteligencias policial y penitenciaria concluyeron que la masacre de Támara había servido, en parte, para devolver al ejército el control de las cárceles.
A pesar de los cambios, sin embargo, las investigaciones no se detuvieron. Un informe de inteligencia penitenciara determinó muy pronto que agentes destacados en Támara habían facilitado la masacre del 29 de junio de 2023.
De acuerdo con esa investigación, a la que Infobae tuvo acceso, una agente penitenciaria asignada a la cárcel femenina en Támara (cuyo nombre se omite para no entorpecer los procesos penales en curso en Honduras, pero quien ha sido plenamente identificada en reportes que ya recibieron autoridades de la Policía Nacional en Tegucigalpa) ingresó armas a la prisión y liberó los accesos de las reclusas que participaron directamente en la masacre.
“Se pudo corroborar que (la masacre) fue una acción planificada con la participación de la agente… quien ingresó armas a las pandilleras para facilitar la masacre… Recibió ella el turno y le proporcionó las llaves para que ingresaran a realizar la masacre… Dicha agente es miembro de la pandilla 18… tiene dos hijos con un líder de la pandilla, dice el informe, que además detalla cómo la agente sospechosa fue trasladada a una cárcel en Olancho, en le noreste del país, a unos 190 kilómetros de Támara, por orden de un alto jefe policial “con el propósito de interrumpir la verdadera investigación”.
La situación no había mejorado en mayo de 2024, casi un año después de la masacre en el penal femenino en Támara. Un informe confidencial fechado entonces, a parte del cual Infobae tuvo acceso, da cuenta de que líderes de la MS13, identificados como alias Chacarrón y Flaco Blaqui, en complicidad con un exoficial de la Policía Nacional, mantenían control del penal masculino.
Este último informe detalla, además, que los túneles siguen ahí. “En los distintos módulos existen espacios acondicionados por los privados de libertad para ocultar armas y municiones, drogas y dinero (en caletas) … también la red de túneles que permiten el libre tránsito de sustancias prohibidas…” Los presos, dice el reporte, tienen al menos 2,000 armas dentro de la cárcel de Támara.
Ante los señalamientos de corrupción y complicidad con la construcción de nuevos túneles, las autoridades policiales han negado que existan. “Los informes están ahí desde 2023, están basados en informaciones de fuentes internas que hoy son perseguidas, y si niegan que esos túneles existen es porque ellos ayudaron a construirlos”, dice un funcionario del gobierno de Xiomara Castro que conoce los reportes carcelarios en referencia a las autoridades policiales señaladas de corrupción y complicidad.
La última propuesta del gobierno hondureño para lidiar con la interminable crisis carcelaria ha sido construir un recinto de máxima seguridad en las remotas Islas del Cisne en el Caribe, cuya construcción está programada a iniciar el próximo agosto. En Támara y otros recintos carcelarios de Honduras, no obstante, las redes de corrupción y los señalamientos de complicidad entre policías, militares y pandilleros siguen multiplicándose.
