- A 46 días de las elecciones, la falta de presupuesto y la inoperancia de la Unidad de Política Limpia reflejan la resistencia del sistema político —incluido el Gobierno de Libre— a transparentar el origen del dinero en las campañas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Honduras llega a las puertas de un nuevo proceso electoral con la Unidad de Política Limpia (UPL) prácticamente paralizada y sin los recursos necesarios para cumplir su función principal: fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas.
Una omisión que, según el analista político Gustavo Irías, no es casual, sino una muestra de la baja calidad democrática del país y del temor de los partidos —incluido Libre— a la transparencia.
Al igual que ocurrió en 2017 y 2021, el presupuesto de la UPL para las elecciones de 2025 sigue sin aprobarse.
El monto especial solicitado, de 90 millones de lempiras, quedó empantanado en las prolongadas y polarizadas sesiones del Congreso Nacional, donde los partidos no han logrado consenso sobre su origen.
Todo apunta a que el financiamiento dependerá de un préstamo internacional que aún no cuenta con los votos necesarios, ante los temores de la oposición de que los fondos se utilicen con fines políticos.
Mientras tanto, el Presupuesto General de la República para 2025 solo cubre el funcionamiento ordinario de las instituciones electorales, dejando el financiamiento de la fiscalización en manos de la negociación política, un viejo patrón que, según Irías, “solo muestra la degradación institucional del país y la resistencia de los partidos a rendir cuentas”.
“Estas viejas prácticas son funcionales al sistema político hondureño, que se resiste a la fiscalización del financiamiento electoral”, señala el analista.
Fiscalización en crisis: candidatos incumplen sin sanción
La UPL, creada en 2016 como un logro ciudadano tras las protestas anticorrupción y bajo el mandato de la MACCIH, ha sido incapaz de hacer cumplir su propia ley.
En las elecciones primarias de 2025, de 5,757 candidatos inscritos, apenas 4,053 presentaron informes financieros, mientras 85 que incumplieron la ley continúan en la contienda sin sanciones, pese a que la normativa establece la inhabilidad del candidato que no rinde cuentas.
El deterioro es evidente. Hasta mediados de septiembre, solo el 18% de los aspirantes había registrado sus cuentas bancarias, un paso básico para controlar los aportes privados a sus campañas.
“Sin este registro —advierte Irías— es prácticamente imposible fiscalizar el origen del dinero político en Honduras.”
Modelos de financiamiento ilícito que siguen intactos
El análisis identifica cuatro mecanismos de financiamiento ilícito que siguen presentes, pese al cambio de gobierno en 2022:
- Desvío de recursos públicos, utilizado históricamente para fines electorales mediante redes clientelares. En el actual gobierno, Irías señala el caso pendiente de investigación en SEDESOL como ejemplo de continuidad de estas prácticas.
- Financiamiento privado y cooptación del Estado, donde empresarios con contratos públicos financian campañas a cambio de favores.
- Aportes del crimen organizado, un patrón que ha salpicado a figuras de todos los partidos, incluidos miembros de Libre señalados por vínculos con capos de la droga.
- Clientelismo político, sostenido en la entrega de bonos, proyectos y obras sociales, estrategia que —según Irías— “sigue siendo el ADN del sistema político hondureño”.
Una democracia cada vez más capturada
El uso de dinero ilícito y la falta de control institucional socavan el principio de equidad electoral, advierte el análisis. “Los funcionarios electos terminan representando a quienes financiaron sus campañas, no a los votantes”, afirma Irías, al señalar que el Estado continúa respondiendo a intereses privados y no al bien común.
Pese a los compromisos de transparencia del Gobierno de Libre, la realidad es que la Unidad de Política Limpia no tiene independencia, recursos ni voluntad política para fiscalizar el actual proceso electoral.
Con gastos autorizados que superan los 500 millones de lempiras para las candidaturas presidenciales, el dinero fluye sin control, mientras la institución llamada a vigilarlo sigue atrapada en la burocracia y el cálculo partidario.
“El problema no es solo presupuestario —advierte Irías—, es la falta de voluntad política con la transparencia y la rendición de cuentas.”
En un país donde la política se financia entre sombras y la fiscalización depende del mismo poder que debería ser fiscalizado, la democracia hondureña entra a un nuevo proceso electoral con los ojos vendados.
