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lunes, noviembre 10, 2025
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La SIP rechaza acusación de autoridad militar en Honduras contra empresario periodístico

La organización solicita garantías para respetar el anonimato de las fuentes periodísticas

Miami (10 de noviembre de 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación por las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, quien acusó al empresario periodístico Jorge Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo OPSA y expresidente de la SIP, de encabezar una supuesta “campaña mediática” en su contra y contra la institución militar.

La SIP recordó que los funcionarios públicos deben respetar el derecho de los medios a informar y opinar libremente, sin presiones ni descalificaciones que puedan menoscabar la libertad de expresión.

Según informes de medios locales, Hernández señaló que la presunta campaña —“disfrazada de cobertura periodística”— sería una represalia por negocios fallidos entre el Grupo OPSA y empresas del Instituto de Previsión Militar. El militar afirmó además que “la campaña no es un hecho aislado, sino parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado”, en el marco del proceso electoral.

Frente a esos ataques, los diarios La Prensa y El Heraldo publicaron este lunes la columna titulada Prensa responde a los ataques de Roosevelt con periodismo: ‘No vamos a callarnos’ ”, en la que enfatizaron que “la prensa hondureña ha usado su única arma para defenderse: el periodismo”.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, expresó que “este tipo de acusaciones provenientes de altos mandos militares constituyen una forma de presión y descrédito hacia la prensa independiente, con el potencial de vulnerar la libertad de expresión y generar un clima de hostigamiento e intimidación contra periodistas y medios de comunicación, especialmente en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), recordó que “en una democracia, los medios cumplen la función esencial de fiscalizar el poder y cuestionar la actuación de las instituciones públicas. Las autoridades deben responder con transparencia y datos, no con ataques que buscan desacreditar el trabajo periodístico ni con intentos de amedrentamiento”.

La SIP advirtió que en Honduras “la labor de la prensa se ha visto seriamente afectada por acciones directas de las Fuerzas Armadas que evidencian un patrón de intimidación, difamación y estigmatización contra periodistas y medios”, tal como documentó su informe país presentado durante la Asamblea General de octubre pasado.

En mayo, la SIP ya había rechazado una ofensiva del estamento militar hondureño, cuyo medio oficial llegó a calificar a periodistas como “sicarios de la verdad”. En febrero, la organización denunció una nueva campaña de intimidación impulsada por el propio general Hernández, quien amenazó con promover acciones judiciales contra 12 medios —entre ellos El Heraldo y La Prensa— para forzarlos a revelar sus fuentes informativas.

La SIP reiteró su solidaridad con Jorge Canahuati —quien presidió la organización entre 2020 y 2022— y con todos los periodistas y medios hondureños que ejercen su labor informativa en un entorno de creciente hostilidad. La institución instó a las Fuerzas Armadas y al gobierno de Honduras a promover un diálogo respetuoso y garantizar la seguridad y libertad de los comunicadores.

De acuerdo con informaciones de prensa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había ordenado previamente al general Hernández abstenerse de emitir declaraciones sobre temas políticos o electorales, recordando que las Fuerzas Armadas actúan bajo su coordinación un mes antes de los comicios para “evitar interpretaciones políticas sobre su participación en el proceso electoral”.

Asimismo, la SIP alertó sobre la escalada de ataques contra el medio digital Criterio.hn. Su directora y cofundadora, Emy Padilla, denunció la intervención de sus cuentas en redes sociales, la estigmatización pública y un acoso administrativo por parte del Ministerio Público, que solicitó al portal revelar sus fuentes en investigaciones sobre presuntas conexiones comerciales de la empresaria Kensy Ivette García Torres —procesada en EE. UU.— con redes de narcotráfico, funcionarios vinculados a corrupción y el exministro de Defensa Samuel Reyes (2014–2018).

La organización exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar el secreto profesional y la protección del anonimato de las fuentes periodísticas, un principio consagrado tanto en la Constitución hondureña como en los estándares internacionales de libertad de prensa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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