En Honduras crece la hipótesis de un boicot de las fuerzas de seguridad que permitieron la matanza y el retorno del control de la seguridad pública a los uniformados que consolidaron su poder durante el mandato del ex presidente Juan Orlando Hernández
Cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas en una cárcel de Honduras a finales de junio. La masacre, que fue la tercera más letal en la historia carcelaria del país centroamericano, ha profundizado la crisis de seguridad, ha vuelto a poner al descubierto la corrupción estatal y volvió a llevar a los militares al frente de la seguridad pública.
La presidenta Xiomara Castro se rodeó de militares uniformados en uno de los salones del palacio presidencial de Tegucigalpa dos noches después de la masacre en Támara, la principal cárcel de mujeres del país, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital. Ya para entonces, a pocas horas de la matanza, Castro había destituido a su ministro de seguridad, había recompuesto a la cúpula de la fuerza pública, disolvió una comisión especial para sanear las prisiones y había devuelto por completo a los militares el poder que tenían durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos en espera de un juicio por narcotráfico.
La matanza de Támara ocurrió la noche del martes 20 de junio. Las primeras versiones filtradas por la policía a los principales medios de comunicación de Honduras indicaban que un grupo de pandilleras del Barrio 18 habían planificado un ataque contra internas de la MS13, la pandilla contraria. Las atacantes, con armas de grueso calibre, dispararon contra algunas de sus víctimas y prendieron fuego a dos colchones con los que provocaron un incendio que calcinó a varias de las presas. La reacción de la presidenta Castro llegó pronto.
Esa misma noche, la presidenta Castro anunció la destitución de Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que descubrió los nexos entre el expresidente Hernández con el narco a principios de la década pasada y a quien la nueva mandataria había puesto al frente de la seguridad pública. En su lugar, Castro puso a una camada de militares de viejo cuño, algunos vinculados al viejo poder de Hernández.
La periodista Wendy Funes, quien ha seguido la transformación de la narcopolítica en Honduras desde los primeros años de Hernández, ha publicado, basada en información de fuentes en el aparato hondureño de seguridad, que la masacre de Támara es producto de un boicot en un sector del ejército para retomar el control del aparato de seguridad.
“Desde marzo recibimos información de que había un complot en el sistema de seguridad pública… para obligar al gobierno a retroceder y volver a militarizar la política criminal del Estado… Los militares querían demostrar que ellos pueden manejar la seguridad, es un tema de poder, presupuesto e influencia política”, dice Funes a Infobae en conversación telefónica.
Cuando asumió como presidenta en enero de 2022, Xiomara Castro nombró responsable máximo de la seguridad pública a Sabillón, el hombre que había desestabilizado la alianza entre el expresidente Hernández y las organizaciones de narcotráfico en Honduras. Uno de los primeros actos públicos de Sabillón fue supervisar la extradición del exmandatario a Estados Unidos tres meses después, en abril de 2022. En aquellos meses, la cúpula del ejército que se había incubado durante el gobierno Hernández, a la que este había entregado el control de la seguridad pública con la creación de una policía militar, empezó a perder influencia.
Infobae consultó con un oficial de inteligencia que trabaja para el aparato estatal hondureño sobre las causas de la masacre en Támara. La fuente, que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, coincidió en que un complot desde un sector del ejército puede haber provocado la matanza, aunque no descartó otros motivos. “Es muy posible que sea un acto de desestabilización por las medidas que tomó la comisión interventora en las cárceles”, asegura el oficial en referencia a una comisión especial que el gobierno de Castro creó en abril pasado para sanear las prisiones, y la cual encontró resistencia en las cárceles desde el principio.
“Lo que pasó está relacionado directamente con la corrupción…”, dice, por su parte, un funcionario de la comisión interventora que habló con Infobae también desde el anonimato por razones de seguridad.
Un golpe fallido a las mafias carcelarias
Los entretelones de la masacre hablan de un sistema carcelario administrado por organizaciones criminales, una policía cómplice y un Estado incapaz de reaccionar a tiempo a pesar de que sus mismos funcionarios les advirtieron del peligro.
Los intentos de golpear a las mafias que controlan las cárceles, desde los líderes pandilleros hasta los militares implicados con el narco y los contratistas que se han beneficiado del Estado para prestar servicios de alimentación en las prisiones, provocaron una reacción en cadena que terminó con la masacre del sábado, de acuerdo con un informe de inteligencia policial al que Infobae tuvo acceso.
“Se empezó a tocar el corazón de los criminales en las cárceles, a los de cuello blanco, se tocó al crimen organizado intracarcelario, pero terminaron en conjunción con algunos policías boicoteando el trabajo”, aseguró un funcionario hondureño que participó en la Comisión Interventora de Centros Penales en Honduras.
El 10 de abril pasado, la presidenta Castro dio vida a la comisión interventora y nombró como responsable a Julissa Villanueva, subsecretaria de Estado para la seguridad pública y exjefa nacional del servicio forense. La primera misión que se impuso Villanueva fue desarmar a las mafias y requisarles los arsenales que tienen en las prisiones.
Villanueva pidió por escrito a Sabillón, el jefe de la Policía Nacional, que elaborara un plan para “ejecutar, supervisar y evaluar una operación de desarme general y simultánea en todos los centros penales” del país. En el memo con estas instrucciones, fechado el 1 de mayo, la viceministra reiteró que la inestabilidad en las prisiones se debía a la acción de “grupos criminales organizados que operan y son coordinados desde los mismos centros penitenciarios”.
Poco después, el 10 de mayo, la viceministra envió un nuevo memo a la policía, esta vez con un plan detallado y de gran calado para intervenir cuatro cárceles, entre ellas Támara, la penitenciaría femenina, con un operativo masivo, que incluía la participación de 2,000 policías para proteger los perímetros de las cárceles, el mapeo de comunicación telefónica y electrónica, la participación de un escuadrón antibombas y la destrucción de posibles vías de escape, entre otras medidas. Villanueva pidió, también, que los oficiales que estuviesen en contacto con los reclusos durante las intervenciones portaran cámaras encendidas en todo momento para “garantizar” el respeto a los derechos humanos de los presos.
El segundo memo de Villanueva, que se lee como un plan táctico de intervención, incluye 29 puntos, entre consideraciones, instrucciones, requerimientos y detalles de acciones específicas, y deja entrever que las requisas que la funcionaria tenía en mente serían masivas y podrían generar confrontaciones con los presos y presas que estuviesen armados. Ni la policía ni otras instituciones del aparato de seguridad pública, sin embargo, respondieron los requerimientos de la funcionaria. En las cárceles, mientras, las mafias organizaban un ataque.
“Nuestras fuentes mencionan que el crimen organizado tramó lo de las cárceles como parte de este juego (de desestabilización)”, dice la periodista Funes.
¿Una operación del narco?
A la masacre en Támara siguió la decisión de la presidenta Castro de destituir al general Sabillón y de remover a Julissa Villanueva de la comisión interventora. También siguieron expresiones presidenciales de fuerza.
Pocos días después de la matanza, el 26 de junio, el gobierno hondureño desplegó una cuidada campaña de publicidad, a través de la televisión y las redes sociales de los funcionarios más influyentes de la administración, para mostrar la intervención militar y policial en Támara. El despliegue incluyó vídeos de las tropas en formación, de su avance coordinado a las cárceles, y de requisas, las mismas que la comisión interventora había pedido y que la policía no había coordinado antes de la masacre.
A la cabeza del despliegue comunicacional estuvo Héctor Manuel Zelaya Castro, hijo de la presidenta y su secretario privado.
Una de las principales medidas anunciadas por las comunicaciones del gobierno, expuestas a través de los videos y las fotografías publicadas, fue la intervención de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en las cárceles. La PMOP, de hecho, tomó el control de Támara y de otras cárceles un día después de la masacre. Esta ha sido una de las medidas más polémicas en el marco de esta crisis, en parte porque la policía militar fue creada por el expresidente Hernández como una especie de guardia pretoriana que le respondía a él directamente.
El 22 de junio, dos días después de la masacre, la presidenta Castro anunció que la PMOP asumirá el control total de las cárceles a partir del 1 de julio. En el pasado, como candidata y antes como líder de la oposición política al expresidente Hernández, Castro criticó el rol de la policía militar en la seguridad pública. “Para eso querían a la Policía Militar, para atemorizar al pueblo y perseguir a sus opositores”, tuiteó Castro en 2015, tras un incidente violento en la ciudad de Juticalpa, la noreste del país. Durante la campaña, la política prometió regresar a los militares “a los cuarteles”.
Ya antes la PMOP y el ejército estuvieron a cargo de las cárceles hondureñas. Durante la presidencia de Hernández, buena parte de los jefes de prisiones estaban ligados a la fuerza armada cuando, en aquellos años, se consolidó el poder de las pandillas y de las mafias de narcotráfico en las prisiones. El control de los criminales era tal que fueron capaces de matar a testigos en juicios a narcotraficantes o liberar, con operativos de tipo militar, a líderes importantes de la MS13.
Uno de los casos más controversiales ocurrió el 26 de junio de 2019, durante la segunda presidencia de Hernández. Ese día, un comando con armas largas entró en la cárcel de máxima seguridad conocido como El Pozo y mató a Magdaleno Meza, un narcotraficante que tenía en su poder libretas de apuntes que comprometían a Juan “Tony” Antonio Hernández, hermano del presidente y hoy condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas por narcotráfico, y al mismo presidente.
Un reporte de inteligencia sobre la situación de seguridad en las cárceles hondureñas, al que Infobae tuvo acceso, da cuenta de que potenciales testigos en casos judiciales contra narcotraficantes de Honduras procesados en Estados Unidos están la lista de objetivos de las mafias carcelarias, como en el caso de Magdaleno Meza en 2019. De la masacre de Támara, sin embargo, logró salvarse una testigo importante, de nombre María Mendoza, quien se encontraba en un recinto especial de la cárcel cuando ocurrió la matanza. Dos días después de los incidentes, Honduras la extraditó a Estados Unidos.
Por ahora, y tras la muerte de 46 presas, el sistema carcelario de Honduras ha vuelto a las manos de la policía militar que, según investigaciones locales y del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, ayudó a consolidar el poder del narcotráfico durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.
