- El constitucionalista cuestiona la legalidad de los audios divulgados por el fiscal general Johel Zelaya y señala que incluso el consejero Marlon Ochoa podría haber incurrido en un delito al obtenerlos sin orden judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió que las grabaciones divulgadas en los últimos días no tienen validez legal, y que un juez no puede admitirlas como medios de prueba por haberse obtenido de forma irregular.
Barrientos explicó que la Constitución de la República establece claramente que solo con una orden judicial se pueden interceptar o grabar conversaciones privadas, por lo que cualquier audio obtenido fuera de ese marco constituye una violación a los derechos fundamentales.
“Las grabaciones son ilegales. Con la tecnología y la inteligencia artificial se pueden hacer montajes, por eso es indispensable un peritaje que determine su autenticidad”, manifestó el abogado.
El profesional del derecho cuestionó además el origen de los audios que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, habría proporcionado, señalando que su obtención podría configurar un delito.
“Hay que ver de dónde sacó esas grabaciones el consejero Marlon Ochoa; él también debe ser investigado porque está cometiendo un delito”, enfatizó Barrientos.
Las declaraciones surgen luego de que el fiscal general Johel Zelaya expusiera en conferencia de prensa una serie de grabaciones que, según afirmó, formarían parte de un caso en investigación.
Sin embargo, otros juristas también han cuestionado la actuación del titular del Ministerio Público, al considerar inadecuado presentar pruebas públicamente antes de interponer un requerimiento fiscal.
Por su parte, la consejera del CNE, Cossette López, reaccionó con contundencia al asegurar que los audios son fabricados y que no corresponden a su voz.
“Me quieren desmeritar, desprestigiar, sacar de mi puesto, porque soy la piedra de tropiezo de Marlon Ochoa. Esto es una fabricación donde no lograron sacar bien mi voz”, declaró López, lamentando que el Ministerio Público se preste a lo que calificó como un ‘show mediático’.
El debate jurídico y político se intensifica, mientras distintos sectores piden que las instituciones actúen con rigurosidad, imparcialidad y respeto al debido proceso, ante lo que ya se perfila como una nueva controversia en el entorno electoral y judicial del país.
