• El arzobispo de San Pedro Sula defiende medidas para recuperar la seguridad, pero advierte que los jóvenes que delinquen necesitan sanciones diferenciadas y oportunidades reales de rehabilitación.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. —
El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, respaldó los esfuerzos del Gobierno para combatir la criminalidad en Honduras, aunque advirtió que los menores de edad que cometan delitos deben recibir un tratamiento diferenciado, con sanciones adecuadas y oportunidades para su rehabilitación.
El religioso reconoció que la población hondureña necesita recuperar la tranquilidad, debido a que muchas personas se sienten desprotegidas y temen salir a las calles ante la inseguridad.
Por ello, valoró las acciones orientadas a fortalecer la presencia policial, los patrullajes y la lucha contra las estructuras criminales.
“Cualquier esfuerzo de parte del Gobierno para mejorar esa situación es laudable para mí”, manifestó Lenihan, al expresar su esperanza de que las medidas contra la delincuencia contribuyan a mejorar la seguridad en el país.
El arzobispo también hizo referencia a El Salvador, donde vivió durante varios años, y señaló que ha escuchado testimonios de personas que perciben una mayor seguridad tras las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele.
Advierte sobre el riesgo de encarcelar a menores con adultos
Sin embargo, Lenihan marcó una diferencia al referirse a las propuestas que buscan aplicar castigos de adultos a menores de edad que cometan delitos.
A su criterio, aunque las infracciones deben tener consecuencias, la respuesta del Estado no debe ignorar la edad, las circunstancias personales y las posibilidades de rehabilitación de los jóvenes.
“Meterlos en las cárceles con criminales, personas que tienen una historia larga de criminalidad, creo que no es lo aconsejable”, expresó el prelado, al cuestionar que los menores sean recluidos junto a personas con una trayectoria delictiva prolongada.
En ese sentido, consideró necesario crear centros especializados que permitan sancionar las conductas delictivas, pero que también ofrezcan atención y programas de rehabilitación, en lugar de exponer a los jóvenes a entornos penitenciarios que podrían dificultar su reinserción social.
Lenihan también instó a considerar las condiciones familiares y los entornos de violencia en los que algunos menores han crecido, factores que, a su juicio, deben tomarse en cuenta al momento de definir las medidas correspondientes.
El mensaje del arzobispo plantea dos desafíos para Honduras: responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad y garantizar que los menores que delinquen reciban una atención diferenciada, con medidas que permitan exigir responsabilidad por sus actos sin cerrar las posibilidades de rehabilitación.
