TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Después de la medianoche, el Consejo de Ministro consensuó la estructura del controversial proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el cual será remitido este martes al Congreso Nacional para su socialización y aprobación.
«Estamos iniciando un trayecto hacia la generación de riqueza compartida, la atracción de inversión extranjera y la generación de centenares de miles de nuevos empleos», dijo el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en comparecencia de prensa desde Casa Presidencial.
Ochoa, asentó que se espera que el proyecto continúe su proceso de socialización, pese a que ha sido uno de los proyectos más discutidos en la historia del país ha sido discutido con la empresa privada con organismos internacionales, con gremiales obreras, con estudiantes, con pobladores y producto de estos comentarios ha sido incorporada en su texto modificaciones que han contribuido a que mejore su redacción.
El funcionario señaló que tras la socialización del proyecto se hicieron modificaciones previas a su aprobación, entre ellas, ampliar de 5 a 10 los años de goce de los dos nuevos regímenes propuestos en la ley, con la posibilidad de ser extendidos 10 años más con decretos ejecutivos de emergencia.
«Se incorpora otorgar beneficios fiscales por la vía de la exención al equipo y maquinaria agrícola, esto quiere decir que los productores agrícolas ya no van a tener que hacer ningún trámite administrativo para gozar las exenciones en equipo y maquinaria», explicó Ochoa.
Además, se buscará fortalecer el protocolo de acceso a información bancaria y relacionada con el beneficiario final.
Mantienen derogación de exoneraciones
Dentro de la reforma se sostiene la derogación de los regímenes de beneficios fiscales, punto que ha generado que sector privado esté contra la reforma, considerados por las autoridades como fuentes de abusos y corrupción.
«Se deroga el beneficio fiscal, pero el régimen sigue vivo para todas las empresas que ya están adheridas al régimen, es decir, se respeta el derecho adquirido de todas las empresas que ya tenían adhesión en el régimen», pormenorizó Ochoa.
Al respecto, se derogarán los beneficios de los regímenes ZOLI, Importación Temporal, Zolitur, Alianza Público Privada.
Asimismo, se eliminarán las gracias de las leyes de Promoción y Atracción de Inversiones, Incentivos al Transporte (que no tiene empresas adheridas), entre otros programas.
Por otra parte, se mantendrán los beneficios fiscales que fueron considerados como no nocivos o lesivos, de acuerdo con el titular del SAR.
En tal sentido se conservará el régimen de mipymes, alícuotas reducidas para cooperativas, régimen de ONGs sin fines de lucro e iglesias, entre otras.
