El CNE aclara que el Partido Libertad y Refundación no puede destituir a Isis Cuéllar de cargos institucionales ni anular su candidatura, dejando en evidencia una nueva maniobra política que ignora los límites legales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE), Augusto Aguilar, desmintió este sábado al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), al aclarar que no tiene facultades para suspender a la diputada Isis Cuéllar de cargos que están fuera del ámbito interno del partido, como la vicepresidencia del Congreso Nacional o su candidatura legalmente inscrita.
“El partido solo no puede tomar esas acciones, porque hay aspectos que corresponden a otras instituciones”, explicó Aguilar en una entrevista televisiva, haciendo referencia a las competencias del Congreso Nacional y del ente electoral.
Aguilar fue claro al señalar que, en lo que respecta a la junta directiva del Congreso Nacional, solo el pleno tiene autoridad para remover a Cuéllar de su cargo como vicepresidenta.
“Ella está desempeñando ese cargo por elección del mismo Congreso. Lo que sí podría hacer Libre es separarla de su bancada, pero no quitarle el cargo institucional, ni la condición de diputada”, detalló.
También subrayó que Libre no puede eliminar su candidatura a diputada, pues ya fue legalmente inscrita tras las elecciones primarias.
“La Ley Electoral establece que solamente por renuncia o fallecimiento puede suspendérsele su candidatura una vez que está inscrita y fue electa”, precisó.
Pese a ello, en las últimas horas, Libre anunció con fuerza su decisión de suspender a Cuéllar de múltiples cargos: vicepresidencia del Congreso, subjefatura de bancada, coordinación departamental, miembro de la coordinación nacional y como candidata a la diputación.
Esta decisión fue presentada por el partido como un acto de corrección moral tras el escándalo por el supuesto desvío de fondos públicos con fines electorales.
Sin embargo, la reacción del CNE deja al descubierto una maniobra política más simbólica que efectiva, en la que Libre intenta enviar un mensaje de ética mientras se salta los procedimientos legales.
Para analistas y sectores críticos, Libre busca lavarse la cara ante la opinión pública sin asumir responsabilidades institucionales reales, y utiliza a Cuéllar como chivo expiatorio en medio de una tormenta de señalamientos por corrupción, desvío de fondos sociales y uso indebido del poder.
El caso Cuéllar confirma una constante en el oficialismo: la tentación de jugar con la institucionalidad según convenga al momento político, sin respetar las reglas que ellos mismos están obligados a defender.
