TEGUCIGALPA, HONDURAS
El fantasma del conflicto de interés vuelve a rondar al Consejo Nacional Electoral (CNE), y esta vez con nombres y apellidos ligados directamente al oficialismo.
El abogado Leonel Núñez presentó un recurso formal solicitando la separación de Darwin Barahona y Allan Alvarenga de sus cargos estratégicos dentro del ente electoral, por sus estrechos vínculos familiares con figuras clave del partido Libertad y Refundación (Libre).
Barahona, hijo del diputado y dirigente de Libre Juan Barahona, ocupa actualmente la codirección de informática del CNE, un puesto clave que gestiona el procesamiento digital de las actas de votación.
Por su parte, Alvarenga —esposo de Angélica Álvarez, aspirante oficialista a la designación presidencial— funge como codirector electoral, cargo operativo con acceso directo a la logística del proceso y coordinación con las Fuerzas Armadas.
“Son cargos demasiado sensibles para estar en manos de familiares de actores políticos activos”.
En declaraciones a medios de comunicación, Núñez recordó que aunque los cargos sean de naturaleza política, deben regirse por el código de ética institucional, el cual establece límites claros cuando existen vínculos de consanguinidad o afinidad que puedan interferir en la neutralidad del proceso.
“Estamos hablando de vínculos en primer grado. El hijo de un diputado que busca la reelección y el esposo de una candidata oficialista. Esto compromete la credibilidad del CNE”, señaló el abogado.
A su juicio, mantener a estas personas en tales posiciones representa una amenaza directa a la transparencia electoral y podría derivar en responsabilidades de tipo penal, ya que, según dijo, “el proceso exige garantías mínimas de imparcialidad, especialmente en cargos que tocan directamente los votos y la operativa del sistema”.
Una estructura familiar en puestos clave
El recurso legal fue presentado directamente ante el pleno del CNE, y no se basa en una supuesta violación de derechos constitucionales, sino en el incumplimiento de requisitos éticos básicos para el ejercicio de cargos públicos en un contexto tan delicado como el actual.
La denuncia ha generado eco en sectores críticos del oficialismo, que desde hace meses advierten sobre una estrategia de Libre para ocupar espacios neurálgicos en el sistema electoral y consolidar control institucional de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Hasta el momento, ni el CNE ni el partido Libre han emitido declaraciones públicas sobre el recurso.
Sin embargo, el silencio del oficialismo solo alimenta las sospechas de clientelismo político y manipulación estructural dentro del órgano electoral.
Un proceso bajo la lupa
Con los comicios acercándose, la ciudadanía exige transparencia, imparcialidad y respeto al marco legal. Pero si el Consejo Nacional Electoral no logra resolver estas situaciones con prontitud y firmeza, el proceso corre el riesgo de llegar a las urnas bajo una sombra de desconfianza, que podría afectar gravemente la gobernabilidad futura del país.
