- La paradoja jurídica del Decreto 058-2025 profundiza la crisis institucional tras el cierre del Congreso presidido por Luis Redondo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un movimiento que ha generado fuertes cuestionamientos en el ámbito jurídico y político, el abogado Hernán Silva, en representación del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se respete y ejecute el controvertido Decreto 058-2025.
El decreto, aprobado el pasado 8 de enero por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a la bancada oficialista, desconoce la declaratoria oficial de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ordena un conteo voto por voto de las 19,167 urnas utilizadas en las elecciones generales del 30 de noviembre, lo que en la práctica implicaría un reconteo total del proceso electoral.
Un recurso que se contradice a sí mismo
La paradoja del recurso presentado por Libre es evidente: mientras el partido oficialista solicita a la Sala de lo Constitucional que defienda el decreto invocando su constitucionalidad y obligatoriedad como “ley de la República”, el mismo instrumento legal ya enfrenta al menos seis recursos de amparo e inconstitucionalidad promovidos por exfuncionarios del CNE y diputados electos, quienes lo califican como un “atentado” contra la institucionalidad electoral.
A pesar de ello, Silva emplazó públicamente a los magistrados constitucionales a pronunciarse de manera inmediata. “¿Cuál es la razón para que los constitucionalistas no hagan cumplir la ley?”, cuestionó el profesional del derecho, omitiendo que diversos sectores jurídicos han denunciado que el decreto fue aprobado sin el quórum legal requerido, lo que lo despojaría de legitimidad desde su origen.
Señalamientos de ilegalidad y críticas desde el CNE
El codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, ya había catalogado el Decreto 058-2025 como un “adefesio jurídico”, señalando que fue aprobado irregularmente, “con más diputados suplentes que propietarios”, sin alcanzar ni la mayoría simple ni la calificada que exige la ley.
En la misma línea, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aclaró recientemente al titular del Legislativo que el órgano electoral es “constitucionalmente autónomo e independiente, sin subordinación a ningún poder del Estado”, y que la declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida en estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, agotando la competencia administrativa del Consejo.
Una maraña jurídica en la Sala Constitucional
La Sala de lo Constitucional ya admitió a trámite seis de los siete recursos presentados contra el Decreto 058-2025, aunque sin suspender su ejecución, lo que implica que técnicamente continúa vigente mientras la Corte resuelve el fondo de los casos. A esta compleja situación se suma ahora el recurso presentado por Libre, que exige su cumplimiento utilizando también el argumento de la inconstitucionalidad, profundizando la confusión legal.
La magistrada Isbela Bustillo ya había advertido que solo la CSJ es la intérprete final de la Constitución y que “ninguna persona puede apoderarse de un espacio jurídico que no le corresponde”, en alusión a los intentos del Congreso Nacional de adjudicarse funciones que constitucionalmente recaen en otros órganos del Estado.
Últimos movimientos del oficialismo
La presentación del recurso ocurre en las últimas horas de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, una administración que diversos sectores han calificado como la “peor de la historia”.
Analistas interpretan esta acción como un intento desesperado del oficialismo por frenar o entorpecer la transición de poder, luego de que Libre quedara relegado como la tercera fuerza política del país tras las elecciones, que dieron la victoria a Nasry Asfura y al bloque opositor.
Mientras el reloj avanza hacia la instalación de la nueva legislatura y la transición gubernamental prevista para el 25 de enero, la Sala de lo Constitucional enfrenta ahora el desafío de resolver recursos contradictorios que reflejan, con crudeza, la profunda crisis institucional y jurídica que atraviesa Honduras.
